Con un fallo de primera instancia la Procuraduría Provincial de Ibagué resolvió declarar no probados y absolver los cargos que le endilgó en 2019 a Juan Gabriel Triana Cortés, exsecretario de Planeación del Gobierno de Luis H. Rodríguez, a quien se le acusaba de una serie de irregularidades en la ejecución del contrato 2401 de 2013, celebrado entre la Alcaldía de Ibagué y el consorcio Constrico.

El propósito del contrato cuya inversión inicial fue de $1.863 millones fue brindar una solución rápida al suministro de agua a los multifamiliares El Tejar, a través de la captación de agua en las veredas Peñaranda y Cataimita que se conectaría con el acueducto Acuaboquerón.

En mayo de 2019, la entidad profirió dos cargos contra el exfuncionario, el primero y que se calificaba como falta gravísima, es la viabilidad que le dio a dicho contrato con la suscripción del acta de inicio el 27 de diciembre de 2013, pese a que no existía de manera previa la licencia o plan de manejo ambiental expedido por Cortolima, mismo que se suscribió en abril y junio de 2014, cuatro meses después.

Sin embargo, para la entidad del Ministerio Público,  el hecho de que la firma de Triana Cortés, pese a ser el ordenador del gasto, no aparezca en el acta de inicio y posterior suspensión y reinicio de obra, demostraría que el exsecretario no tuvo una “real participación”.

“Estos documentos entonces, serían demostrativos que en la iniciación de la ejecución de las obras del contrato 2401 de 2013 no tuvo real participación el investigado Juan Gabriel Triana Cortés, como Secretario de Planeación y ordenador del gasto, sino que de ello se ocuparon obviamente los profesionales en los que se encontraba en ese momento el control de la ejecución del contrato, el interventor y el supervisor”, acotó la entidad.

Misma apreciación se tendría sobre el trámite de licencia ambiental ante Cortolima, pues Triana no tuvo participación en este hecho, ya que, el proceso no era necesario para la etapa precontractual y contractual y quien debió verificar la ausencia de dicha licencia fue el supervisor del contrato, Arnoby Callejas (adscrito a la Secretaría de Infraestructura) y el interventor, Manuel Ignacio Zárate.

“No existe prueba que indique que Juan Gabriel Triana Cortés, como secretario de Planeación de lbagué y ordenador del gasto por delegación, fuera enterado por el supervisor y/o el interventor del contrato que se había dado inicio al mismo, aún a pesar de la no existencia en ese momento de la licencia ambiental”, resaltó la entidad, quien indicó que la conducta inicialmente efectuada no se pudo sostener.

El segundo cargo que se profirió contra el exfuncionario el año pasado tuvo que ver con las adiciones que se le hicieron al contrato que superan ampliamente el 50% del valor inicial del mismo, violando la ley 80 de 1993 en su artículo 40, que indica “los contratos no podrán adicionarse en más de la mitad de su valor”.

El valor inicial del contrato en 2013 fue de $1.863 millones y sus adiciones suman más de $1.625 millones. La primera en octubre de 2014 por $931 millones y la segunda en marzo de 2015 por $693 millones.

Para este caso el apoderado de Triana, alegó que el último valor en que se incrementó el contrato en $693 millones no era una adición, sino un ajuste al valor inicial estimado para garantizar la estabilidad de la obra y el servicio de acceso al agua potable de la comunidad del barrio Boquerón, situación que quedó consignada en un acta de justificación el 26 de enero de 2015 y que fue firmada por el interventor, supervisor y contratista.

“Mal podría este Despacho entrar a desestimar la posición jurídica adoptada en cuanto al “Otrosí reconocimiento de mayores cantidades de obra No. 01 y adición en tiempo del contrato 2401 del 13 de diciembre de 2013”, fechado en marzo 19 de 2015, por valor de $693.474.687, pues acorde con lo planteado bien podríamos entonces estar en realidad no frente a una adición del contrato, sino a reconocimiento de mayores cantidades de obra, que acorde con lo aclarado por el H. Consejo de Estado no se trata de lo mismo”, sostuvo el fallo de la Procuraduría.

Por esta situación la Procuraduría no pudo sostener la tipificación determinada en el pliego de cargos.

“No hay entes de control”, Vapi

Cabe recordar que en múltiples oportunidades la Veeduría Agua para Ibagué (Vapi) denunció este hecho ante los medios de comunicación y ante la misma Procuraduría que hoy absuelve al exfuncionario.

En su momento, la veeduría calificó de “imperdonable” que el supervisor y contratista avalaran la recepción de los trabajos que a su juicio están mal ejecutados.

Con el reciente fallo, la Veeduría se volvió a pronunciar e indicó que la decisión sólo deja ver que no existen entes de control en la ciudad, pese a las evidencias que demostrarían un hecho irregular con las adiciones efectuadas.

“En varias oportunidades esto fue en el diario EL NUEVO DÍA, una pésima ejecución, eso no funcionó, eso está todo remendado, ahora sacaron un fallo donde al ordenador del gasto, el señor Juan Gabriel Triana no le pasa nada.

“El valor del contrato era por $1.863 millones fue adicionado en un 50% el máximo, y posteriormente le hicieron otra adición, es decir, fue adicionado en un 87.2% ¿no pasa nada? él es el ordenador del gasto”, acotó la Veeduría.

Y agregó, “se queda uno sin palabras, no hay entes de control, en la Procuraduría no se ‘procura’ que se respeten las leyes y normas.

“Aquí no pasa nada, se pueden robar toda la plata del mundo y nunca pasa nada, ya no les da miedo robar y cada vez empeora”.

DATO

Las irregularidades en la ejecución del contrato fueron denunciadas ante la Procuraduría en ese entonces por la Veeduría Agua para Ibagué (Vapi) y el líder de la vereda Cataimita, Walter Martínez.

DATO

El secretario fungió como jefe de la cartera de Planeación desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2015.