Según la entidad, en las entregas de los informes de ejecución del contrato, se recopiló la misma información incluida en informes anteriores sin que se observarán novedades, pese a esto se cancelaron cinco días de junio y todo el mes de julio y agosto del año anterior. 

El contrato en cuestión, tenía como objeto que un profesional hiciera seguimiento al acuerdo 001 de 2018, en donde se adoptaron medidas para el impuesto predial, el mismo se suscribió por $24.996.000 por seis meses. 

Para la época de los hechos, en la presidencia del cabildo ibaguereño y como ordenador del gasto fungía el exconcejal y ahora director de Justicia, Juan Pablo Salazar, quien para controvertir lo expuesto, señaló que el contrato contó con todos los soportes y por eso se autorizó el pago.

Asimismo, aseguró que el encargado de la revisión de informes y autorizar el pago es el supervisor del contrato y que partiendo de la buena fe él firmaba la cuenta tras el visto bueno del supervisor.  

Sin embargo, para la Contraloría tal explicación no desvirtuó la falta y por eso dejó en firme el hallazgo.

DATO

El informe del ente de control dejó en total 13 hallazgos administrativos, 1 fiscal, y 4 disciplinarios.