En la diligencia, prevista para la presentación de testigos por parte de la Fiscalía, el abogado Efraín Zea Trujillo, en representación de la veeduría, solicitó el reconocimiento de víctima dentro del proceso penal, bajo el argumento de hacer control posterior de la función y manejo de los recursos públicos del aeropuerto.

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría rechazaron la solicitud y consideraron pertinente no tener en cuenta esta petición. Por ejemplo, una de las razones que expuso la representante del ente acusador es que la veeduría, si bien inició su trámite de creación, aún no está legalmente constituida ante la Personería de Ibagué.

Una posición similar expresó Humberto Escobar, abogado defensor del mandatario local, quien se opuso al reconocimiento de la veeduría, pero, al mismo tiempo, consideró irresponsable pronunciarse al respecto, dado que esto ameritaría un estudio de la norma y la jurisprudencia que citó el abogado Zea para sustentar su solicitud.

Por su parte, el abogado Marco Ricardo Mariño, representante de la Aeronáutica Civil, entidad reconocida como víctima en el proceso, manifestó su preocupación porque la solicitud dé lugar a la dilación del proceso. 

En su intervención, el juez dijo reconocer enfrentarse a una situación compleja, pero al final suspendió la audiencia por dos razones: 1) Porque se necesitaba analizar las sentencias. 2) El abogado tiene derecho a construir su defensa.

“Se me han invocado unos precedentes de carácter jurisprudencial, como son unas sentencias de control abstracto de constitucionalidad, las cuales, sin son desconocidas por un juez de la República harían incurrir en una presunta irregularidad por un defecto de desconocimiento y con dignas sanciones o, al menos, procesos de carácter penal y disciplinario por prevaricación y demás”, afirmó el Juez.

La audiencia quedó programada para el próximo 22 de enero a las 9:00 a.m.

Dato

La veeduría 'Vigilancia y control posterior de la función pública y manejo de recursos públicos del aeropuerto de Ibagué' se conformó apenas en noviembre pasado, y su representante legal es la ciudadana Briyith Alape Soto.