En la diligencia, se conoció que el primer representante de la veeduría,  el abogado Efraín Zea Trujillo, renunció a su poder por "diferencias de criterio jurídico", tras ello tomó poder la profesional Sandra Gómez.

Tras lo expuesto tomó la palabra la Fiscalía quien insistió en que se rechace la petición de la veeduría de calificarse como víctima en el proceso. La entidad insiste en que en una revisión a través de la Policía Judicial no existe soporte del reconocimiento como veeduría ante la Personería.

La fiscal advirtió que en  noviembre de 2020, los mismos representantes de la veeduría ya habían intentado crear un ente de control bajo otro nombre y con variación del objeto a hacer vigilancia, además de que no fue posible contactar a los mismos pues tienen como residencia Chaparral, Piedras, Bogotá e Ibagué y quienes están a la ciudad habrían allegado direcciones erróneas o inexistentes. 

La decisión de rechazo fue compartida por el Ministerio Püblico y el abogado Marco Ricardo Mariño, representante de la Aeronáutica Civil en calidad de víctima, así como el abogado defensor del Alcalde Hurtado, Humberto Escobar.

El Juez, una vez argumentada la versión de las partes, estableció que dicha veeduría no estaría sufriendo algún detrimento de su buen nombre y rechazó tal petición, decisión que una vez más la abogada Sandra Ortiz, apoderada de la veeduría apeló.

A lo expuesto, La Fiscalía y el representante de víctimas denunciaron una presunta dilación del proceso para que el mismo quede en la impunidad, por lo mismo se pidió compulsar copias por tentativa de fraude procesal para los representantes de la veeduría y abogados involucrados.

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