Aunque para algunos ciudadanos que recorren a diario la avenida Mirolindo pudiera pasar inadvertido, por esa concurrida vía, justo en el lote contiguo a la Fiscalía General de la Nación, desde el 2019 está pendiente la puesta en marcha del Centro Regional de Atención a Víctimas de Ibagué (Crav), obra que debió entregarse el año pasado, pero que permanece en completo abandono y a punto de sumarse a la larga lista de elefantes blancos que tiene la capital del Tolima.

Detrás de las tejas de zinc que rodean el lote, varias de las columnas que se dejaron en pie, las formaletas y los andamios han sido cubiertos por la maleza, mientras que las víctimas reclaman por el futuro incierto de las obras para la atención óptima.

El convenio y contratación

En 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Alcaldía de Ibagué suscribieron el convenio marco interadministrativo 1440, como resultado del mismo se desarrolló el proyecto para la construcción de un centro regional, tras su aval el 27 de diciembre de 2018 se suscribió un nuevo proceso, el convenio 1600, donde aparte de la puesta en marcha de la estructura, se contempló la dotación del inmueble, y también se definieron los recursos que dispondrán las partes para el desarrollo del proceso.

El costo total del convenio fue de $2.906.801.604, de los cuales la Unidad de Víctimas se comprometió con $1.791.771.604 y la Alcaldía con $1.115.030.000 millones, de dicho monto $904.400.400 millones son en efectivo, el resto va incluido en la entrega del lote avaluado en $210.630.000.

La ejecución del proyecto quedó en manos de la Administración, por lo mismo la Alcaldía  de Guillermo Alfonso Jaramillo adelantó el proceso de licitación pública, a través de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, en donde fungió como ordenadora del gasto Yennifer Parra, entonces titular de la cartera.

El proceso le fue adjudicado al consorcio Betar Ibagué, representado legalmente por Antonio Domínguez González, y se firmó un contrato por $2.309.430.438, a su vez se contrató la interventoría que quedó a cargo de la Unión Temporal INT Ibagué 2019.

Sin embargo, una vez iniciada la ejecución del contrato, también aparecieron los enredos, por un lado se generó una incertidumbre jurídica por la titularidad del predio y después por la expedición del aprovechamiento forestal y las denuncias de un posible arboricidio.

Una vez subsanados dichos temas, se empezó a evidenciar el retraso en la ejecución de obra, que inicialmente estaba prevista que se desarrollará solo en ocho meses. El consorcio pidió una adición presupuestal que oscilaba los $600 millones y una prórroga, mientras que la firma interventora cerrando el 2019 y empezando el 2020 con una nueva Administración, pidió a la Secretaría de Desarrollo Social aplicar las respectivas multas al contratista.

Desde ese mismo instante el trámite contractual se suspendió y pese a las advertencias del interventor, la cartera en febrero de 2020, con Martha Villarreal como titular, prorrogó el contrato.

No obstante, con el tiempo de ejecución ampliado, la obra no pasó del 24% de su ejecución, porcentaje que pasados dos años se mantiene, pues aunado a los retrasos, llegó la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Con la llegada de Francy Liliana Salazar a dicha Secretaría, la funcionaria inició el análisis jurídico, pero advirtió que en las diferentes mesas técnicas realizadas se concluyó que el consorcio no tenía los recursos para terminar la obra.

“Cuando llegué, el proceso estaba suspendido por requerimiento del contratista, porque manifestaba que no tenía cómo terminarlo. Luego llegó la pandemia y se ha determinado con la mesa técnica, con víctimas nacional y el contratista, porque concluimos, que no tiene cómo terminar la obra”, dijo Salazar ante el Concejo de Ibagué en un debate de control político realizado en 2020.

Ante el evidente retraso y con los recursos de la Unidad para las Víctimas comprometidos, en octubre del año pasado, el director de la entidad Ramón Rodríguez, estuvo en Ibagué para revisar el estado de las obras y reactivar la construcción del centro.

Con la intención de mantener los recursos en Ibagué para financiar el proyecto, Rodríguez se comprometió a prorrogar el convenio 1600 suscrito con la anterior Administración.

A su vez el alcalde Andrés Hurtado hizo oficial la intención de declarar el incumplimiento al contratista y se comprometió a culminar el proceso de construcción.

En la actualidad la Secretaría de Desarrollo Social tras los informes del supervisor del contrato y el interventor de obra, que advirtieron un presunto incumplimiento, profirió una resolución en la cual se impuso la caducidad del proceso al consorcio Betar Ibagué.

El 18 de mayo estaba prevista una audiencia entre las partes, pero la misma se aplazó para 27 de mayo, pero nuevamente se aplazó para el 3 de junio, entretanto la Alcaldía está pendiente de la respuesta del recurso de reposición que interpuso el contratista. Se espera que la próxima semana ya se puedan establecer las acciones y pasos a seguir.

¿Qué dice la unidad?

Ante la situación, que tiene a esta millonaria obra a punto de convertirse en un elefante blanco, la Unidad para las Víctimas ha hecho seguimiento para que se resuelva la situación con el contratista, pese a que la responsabilidad directa es de la Alcaldía de Ibagué, tal y como se estipuló en el convenio.

La directora territorial central de la Unidad para las Víctimas, María José Dangond, le explicó a EL NUEVO DÍA el trabajo que se ha venido realizando y la preocupación que existe por la situación de la obra que no avanza.

“La unidad ha sido garante y ha estado muy pendiente dado que hacemos un aporte de un recurso para la construcción de este Crav, pero hay que ser claros, la Unidad para las Víctimas no es la responsable de la construcción del Crav, esta es una de las actividades u obligaciones de la Alcaldía, está en el convenio. La Alcaldía seleccionó al contratista que lleva la obra, el consorcio Betar, que ha tenido serios incumplimientos, es la hora que la Administración municipal se encuentra llevando a cabo un proceso de incumplimiento a este consorcio”, dijo Dangond.

La funcionaria indicó que mientras no se resuelva la situación para la construcción del Crav, desde la Unidad ya no se harán más desembolsos de recursos al Municipio, toda vez que ya se entregó el 50% de lo acordado, es decir $895.885.802 pesos. De estos recursos solo un 14% (alrededor de $327 millones) se le han cancelado al contratista, la Alcaldía pese a tener el dinero en sus arcas no puede mover los recursos sin autorización previa.

Ante la posibilidad de una nueva prórroga en el convenio, para garantizar los recursos teniendo en cuenta que han pasado cinco meses sin una solución definitiva, Dangond explicó que es una situación que debe ser validada según la figura jurídica que exista.

“Si se da ese incumplimiento y dependiendo del tiempo en que nos encontremos, la entidad entrará a validar la situación, si es el caso seguir o no en ella. En el momento que se dé es una decisión que se tendrá que tomar por la supervisora del convenio, todo depende los tiempos”, sostuvo la Directora.

No obstante, ratificó que el compromiso persiste y que la intención es dejarle obras óptimas para la atención de las víctimas de Ibagué y el Tolima.

“La responsabilidad de la Administración municipal, más que del Alcalde, es del equipo que él tiene dispuesto para que esto se de, es el compromiso que se requiere realmente, que esto avance a pasos agigantados de tal manera que pueda ser una obra que sea real y no se quede como se suele decir en un elefante blanco, no es nuestra intención ni propósito como Unidad para las Víctimas, porque lo que buscamos es que se cuente con un centro que tenga todas las garantías de infraestructura, comodidad y sea digno para la población en el municipio”, concluyó Dangond.

Las víctimas

Ante el escenario de desolación, los más afectados terminan siendo las víctimas, quienes pasados tres años, aún esperan una solución definitiva en materia de infraestructura para su atención.

En febrero de este año, un grupo de personas afectadas decidió manifestarse en inmediaciones al lote para exigir respuestas e información sobre el estado de la obra.

En abril, acompañados por la Unidad para las Víctimas, entraron al predio y constataron la situación real del Crav. En su momento se mostró la intención de hacer la situación de conocimiento público para que tanto el Consorcio como la Alcaldía escucharan las querellas y lograran rescatar este proyecto con el que se verían beneficiadas alrededor de 50 mil personas en todo el Tolima.