El concejal Miguel Bermúdez cuestionó el nulo actuar que tendrían los entes de control en la búsqueda de responsables por las obras inconclusas en el denominado ‘Tanque de la Fiscalía’ en donde se suscribió un contrato en 2015 por $9.970 millones -con una adición de $3.120 millones-. La situación de la obra se discutió en un debate de control político en donde se dieron a conocer las acciones y perjuicios que genera la no construcción de este escenario.

El contrato en cuestión es el 2511 de 2015 que tuvo como objeto la contratación de las obras para el sistema de abastecimiento de agua potable de la futura zona de expansión de Ibagué: Etapa I. En el lote donde se supone se haría un tanque de almacenamiento solo reposan los hierros, varios de ellos robados, además se habla de una tubería enterrada, pero sin funcionamiento. 

El cabildante indicó que a la fecha no se conoce desde la Contraloría si hay procesos de responsabilidad fiscal en marcha, o si existen denuncias penales, además de criticar el porqué solo hasta el 2019 se notificó el incumplimiento.

“¿Esto no nos está enfrentando a un detrimento del municipio? ¿Sabe la Fiscalía de estos hechos?, llama la atención que en un proceso que inició en el 2015, solo hasta el 2019 se reciba un informe de notificación de incumplimieto donde dice que no se ejecutó el 35 % por el contratista”. dijo Bermúdez.

Asimismo, el corporado criticó la intervención del representante de la Contraloría de Ibagué, quien solo se limitó a decir que estaba tomando nota para remitir la información a Iván Darío Delgado, contralor municipal.

“No es de buen recibo en un punto como este, donde estamos hablando de un contrato de $13 mil millones y un proceso con unos perjuicios superiores a los $3 mil millones y donde hablamos de la ruta crítica del derecho al agua potable, tengamos como respuesta por la Contraloría que se está tomando nota, no es correcto, necesitamos conectarnos con lo que pasa en la ciudad, deberíamos hablar de procesos fiscales”, acotó Bermúdez. 

¿El Municipio terminará pagando?

En medio de la intervención, la Oficina jurídica indicó que pese a que el Municipio interpuso en 2019 un incumplimiento al contratista el consorcio Atria 2015 y exigió el pago de $3.475 millones y a la empresa de Seguros del Estado otros $3.475 millones, solo la empresa de seguros ha hecho el pago del que ahora exige una devolución.

Según la directora Jurídica Andrea Mayoral, contra el Municipio hay tres demandas en curso en donde se exige el pago de más de 8 mil millones de pesos. 

Un primer proceso se interpuso en 2017 por el consorcio Atria 2015 y está pendiente de conocerse una decisión del Tribunal Administrativo del Tolima, aunque la Alcaldía no mencionó el monto, el mismo consorcio ha anunciado que con esta demanda exige el pago de $2.807 millones.

Esto sería por la diferencia que en su momento existió en los costos de obra del 2015 al 2017.

La otra demanda se interpuso también por Atria en el 2020, según Mayoral, se está en el trámite de la contestación de la misma.

Para este caso en particular se exige la liquidación del contrato de 2015, que se declare que el Municipio incumplió el mismo y alteró el equilibrio económico. Además, se pide que se anulen los actos administrativos donde se fijó el incumplimiento y la decisión de pagar la cláusula.

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