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El traslado de por lo menos 36 personas internas en el politécnico Luis A. Rengifo a otros centros de atención especializada (CAE) de Ibagué y el país, con la intención de realizar mejoras en la infraestructura, volvió a traer tranquilidad para los habitantes del barrio El Claret, donde está ubicado este centro, quienes por años han estado inconformes por los constantes desórdenes, riñas y amotinamientos que se registran en el lugar.
Isabel Pardo, habitante y líder del barrio, agradeció el trabajo de la Gobernación y acotó que espera que la inversión que se hará en el lugar minimice las afectaciones a la comunidad y también refuerce el trabajo de resocialización de los jóvenes, que a su juicio no se estaría dando de forma óptima.
“Esperamos que eso (la inversión) haga posible que el centro cumpla las condiciones, que sea adecuado para los jóvenes que están instalados y no perjudique a la comunidad.
“Hemos mejorado, hemos podido dormir y estar tranquilos, porque a nosotros nos tocó crear un frente de seguridad del bolsillo de nosotros para mitigar un poco los inconvenientes que teníamos”, reseñó Pardo.
La líder ciudadana recordó que por años en el lugar no tuvieron tranquilidad y que incluso llegaron a ser agredidos con objetos que se tiraban desde el interior del centro a las viviendas vecinas.
En el mismo sentido, también le hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno para que los apoye con la presencia de los cuadrantes de Policía en la zona, pues el puesto de control que había allí 24 horas precisamente por los desmanes que ocurrían en el lugar, ya no está y esto ha dado vía a libre para que algunos consumidores y delincuentes hagan presencia en la zona.
Por ahora la situación se ha controlado con el frente de seguridad ciudadana que se creó para mitigar los amotinamientos en el CAE.
“Cuando estaban los jóvenes teníamos Policía 24 horas y era magnífico porque era nuestro apoyo, ahorita no están los jóvenes y la delincuencia piensa que va a venir acá, no estamos dispuestos a dejar que vengan a ponerse esto de ruana. Tenemos las cámaras y alarmas comunitarias y le pedimos al Secretario de Gobierno que tenga más presencia de autoridad”, puntualizó Pardo.
Es de resaltar que el CAE venía siendo administrado por la Fundación Faro, en donde desde el gobierno local y departamental se denunciaron serias falencias por parte del operador e incluso se le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizar cambios.
No obstante, desde la Fundación se habló que las instalaciones no eran óptimas y que de las 18 habitaciones, 8 eran habitables, pues las demás tenían serios problemas para su funcionalidad.
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