Lo anterior, debido a que José Antenor González, titular del contrato de concesión número GO 081, solicitó una nueva licencia ambiental para explotación minera de materiales de construcción y demás concesibles en el predio El Salero.

A esta manifestación se unieron el alcalde local, Gentil Gómez Oliveros, y la Personería municipal, que incluso contó con el apoyo de la Procuraduría Ambiental Judicial y Agraria del Tolima.

Son cada vez más las peticiones de licencias, y el mayor temor de la ciudadanía es que de nuevo se autorice la explotación sobre predios que ya fueron impactados por la actividad minera, y también, que las fronteras mineras se extiendan acabando con el río.

Gómez Oliveros, comunicó a Cortolima la inconveniencia para la aprobación de esta licencia ambiental por razones técnicas de ilegalidad e inconstitucionalidad.

Impacto ambiental

“En el resumen del Estudio de Impacto Ambiental presentado ante Cortolima, referido al Título Minero GEO-081, se hace referencia a una degradación natural y antrópica, nombrando como referente la ganadería pero no se hace referencia a los impactos negativos que ha causado la minería en la zona”, indicó el alcalde.

Igualmente, el burgomaestre manifestó que el estudio presentado por González se limitó a consultar solo a los dueños de los predios y no se tuvo en cuenta la existencia de asentamientos humanos e infraestructura de agua potable en la zona.

“Río abajo podrían resultar afectados con la ejecución de la actividad minera, lo que representa un incumplimiento al Artículo 14 del Decreto 1220 de 2005 del momento y reemplazado por el Artículo 15 del Decreto 2820 de 2010 y pasando por alto el Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia que ha previsto como una de las garantías constitucionales la Participación Ciudadana”, agregó.

Otro de los motivos por los que están en desacuerdo, es porque al parecer se ejecutarán dos proyectos: uno minero y uno urbanístico. Este último, se ubicará en las terrazas de la cantera a explotar. 

Para la comunidad, esto significa que no se realizará una restauración, sino una adecuación del terreno para otros usos, haciendo incompatible estas dos actividades por los impactos de la minería a cielo abierto, tales como la contaminación auditiva, visual y las emisiones atmosféricas.

En consecuencia, Ernesto Cardoso Camacho, pidió a la autoridad ambiental hacer un análisis en relación con los impactos ambientales, desde la cuenca alta hasta la media.

Inconsistencias

En la audiencia también se evidenció por parte de la Administración local que, según el Catastro Minero Colombiano, el título minero se encuentra en su mayor extensión en el municipio, localizándose sobre una vereda denominada El Pedregal.

Dentro de las delimitaciones veredales existentes en la cartografía del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, no aparece dicha vereda, y aunque hay coordenadas para establecer el polígono, no se encuentra geográficamente bien definida.

Dato

En una Audiencia Pública Ambiental, convocada por Cortolima, habitantes de Melgar exigieron que no se otorgue más títulos mineros sobre el afluente.