Un encuentro que permitió conocer los avances de diferentes investigaciones que adelantan los veedores del Tolima, fue además el escenario para que se evidenciará la problemática que muchos de ellos tienen a la hora de ejercer su función de vigilar a las entidades del Estado.

A la cita que les tenía programada el contralor del Departamento, Efraín Hincapié, asistieron más de 100 veedores de varios municipios que decidieron dar a conocer la situación por la que pasan muchos de ellos y la manera como se sienten desprotegidos ante las denuncias que hacen a diario.

Por ejemplo, César Antonio Betancur es de Melgar y aseguró que las famosas ‘puertas giratorias’ tienen a los veedores de manos cruzadas, porque “las grandes empresas siempre se benefician con las leyes y nosotros quedamos como si fuéramos los atravesados del progreso, el trabajo que hacemos nos nace”.

Betancur dijo que en el municipio se viene trabajando en contra de las petroleras que se han ubicado en este sector, pero no ven los resultados de los entes de control.

“El futuro de nosotros puede ser un cementerio, porque no le convenimos a las administraciones y somos considerados como un estorbo. No tenemos garantías, solo Dios es quien nos cuida”, afirmó el veedor.

Pero no es el único que teme por su vida, Darío Ramírez Pérez de Flandes aseveró que en muchas ocasiones hacen denuncias, pero estas quedan en el limbo.

“No contamos con un sueldo y los alcaldes tampoco nos van a dar una oficina, además los personeros los eligen ellos y de ese ente no tenemos respaldo”, aseguró Ramírez.

Añadió que en Flandes la labor de los veedores es muy titánica e incluso las credenciales no han sido renovadas y muchos no están actualizados con las nuevas leyes para ejercer control.

“Muchas de las personas que demandamos se pasean con políticos por los municipios, como diciéndonos que esas indagaciones no van a prosperar. Esto no nos desanima, sino que la verdad se debe de imponer”, dijo.

La misma situación pasa en Mariquita. Allí Israel Guzmán va a completar más de 13 años denunciado la problemática de la empresa Espuma, pero aún no se conoce un proceso final sobre el tema. “Los funcionarios públicos entorpecen las investigaciones y los contralores llegan por una cuota política y eso no permite que las indagaciones prosperen. Somos señalados, perseguidos y muchas veces encarcelados por buscar que no exista corrupción”, puntualizó.