Los predios Agua Dulce y Lagunita, ubicados en Doima, Piedras, y pertenecientes desde hace algunos meses, aparentemente a Héctor Marín, gerente del Banco Popular, estarían siendo vendidos para ubicar allí una comunidad indígena y proyectos agrícolas.

No obstante, varias comunicaciones de la comunidad dicen que de efectuarse esos proyectos el agua de la zona se vería afectada.

Así lo dejaron plasmado en una carta dirigida al alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, y al director regional del Incoder en el Tolima, Gonzalo Segura Otálora, en la que agregan que el uso del suelo de estos predios son de carácter forestal y bosque nativo o vegetación nativo protectora, según el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT.

Por esa razón, dejan expuesto en los documentos que asentamientos rurales y proyectos agrícolas son imposibles de realizar en la zona, porque allí: “se carece de fuentes de agua permanentes; su infraestructura en servicios es muy pobre”.

Afirman que estas veredas no cuentan con un acueducto comunitario y se abastecen de particulares, por lo que le piden al Incoder, entidad que al parecer adquiriría las tierras, que no lo haga.

“No entendemos cómo un ente nacional está promoviendo un desarrollo agrícola para 150 familias en una zona del país que en la actualidad afronta graves conflictos sociales; y con este desarrollo aumentaría el conflicto gravemente.

“Esto pone en riesgo la seguridad, el futuro y la vida de toda una comunidad, que día a día solo recibe por parte del Estado el menosprecio y abandono. Nos preocupa que se pretenda aumentar el conflicto social existente en nuestro municipio”, apartes de la carta enviada al Incoder.

Es de recordar que el lugar donde se pretende hacer el proyecto, es cercano al predio El Limón, terreno donde fue ubicada la maquinaria de Anglogold Ashanti para unos estudios en la zona, pero que fue retirada luego de peticiones de Cortolima.

El documento finaliza advirtiendo que de asentarse un grupo de indígenas en las tierras, en vez de obtener beneficios, sería catastrófico para las 150 familias y para los pobladores de la zona.

Carta a Ávila Rondón

 “Los habitantes de Doima y veredas aledañas queremos informarle a la Administración municipal que la comunidad tiene conocimiento que el predio Agua Dulce está siendo negociado por su propietario con un potencial comprador, que según nuestras fuentes, pretende utilizarlo como territorio de reubicación de un asentamiento indígena de aproximadamente 150 familias”,

Con esa apreciación los habitantes de Doima le pidieron al alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, estar al frente de este proceso, ya que aseguran que se generaría un impacto socio – económico, no solo para la comunidad doimuna, sino para las familias indígenas en general.

Afirman que en la actualidad el municipio no está en capacidad de ampliar en las proporciones requeridas, la oferta de servicios públicos; además, hay insuficiencia en el presupuesto municipal destinable a inversiones en desarrollo y existe un alto grado de conflicto con las mineras que podrían aprovecharse de la situación, señalan.

Agregan que el predio que pretende venderse está ubicado en una zona que representa gran valor ecológico y de amortiguación para el casco urbano de Doima, y que un cambio en el uso del suelo para este desarrollo suscitaría una controversia en caso de que las personas quieran construir en este sitio.

Por último, los ciudadanos afirman que en ningún momento están en contra de los indígenas, advirtiendo que con el asentamiento de cualquiera que fuera la comunidad, se generaría los mismo efectos previstos.

“Señor Alcalde, le solicitamos que junto con las personas que lo acompañan en la administración municipal, se apersone de esta problemática y realice todos sus esfuerzos para que este asentamiento no se realice en el municipio, porque se afectaría la zona”, puntualiza la carta. 

“No conocemos esa situación”, Director del Incoder

Gonzalo Segura Otálora, director de la territorial del Incoder, afirmó que su despacho no tiene conocimiento sobre estos predios y agregó que la compra de tierras para los resguardos indígenas lo maneja Bogotá.

“Estaré indagando a nivel nacional si esa intención es cierta o falsa.

“Pero aclaro que los que deciden que compran o no son los mismos indígenas, por eso el Incoder no le puede decir qué fincas adquirir, eso no depende de ninguna autoridad y si no sale de ellos es imposible que se adquiera”, dijo. 

¿Qué piensa el Gobernador de esta situación?

EL NUEVO DÍA le preguntó al mandatario de los tolimenses, Luis Carlos Delgado Peñón, sobre esta situación: “a mí me informaron lo mismo, no he hablado con el doctor Marín, pero tenga la seguridad que por el Gobierno departamental no es la cosa, de ocurrir sería del orden nacional”.

Agregó que es el Incoder el encargado de darle plata a los indígenas para compra de tierras y para que tengan potencialidad para producir.

“Supe que querían instalar, al parecer, un resguardo indígena”, dijo Delgado.