La decisión se dio después de que el Tribunal Administrativo del Tolima, fallara a favor de Salazar Duque, donde además de indemnizarlo por los salarios y prestaciones dejados de recibir, ordena nombrarlo en el cargo y anular el decreto donde se designa a Reyes Cuéllar.

La decisión judicial alude que las razones que tuvo para fallar a favor del demandado, fueron que Reyes Cuéllar no tenía tarjeta profesional, al igual que carecía de experiencia laboral y al parecer, habría incurrido en los delitos de falsedad y prevaricato.

Es de recordar que en este momento este centro asistencial, está ad portas de una intervención administrativa de parte del Gobierno nacional, por lo que este proceso podría quedar sin argumentos.

En comunicación con Salazar Duque, indicó que lo más probable es que la Gobernación apele el fallo y sea el Consejo de Estado quien defina el futuro del centro asistencial, aunque afirma que podría ser la misma decisión porque se presentaron más de 50 pruebas.

“Yo creo que el Gobernador cuando fue a nombrar a Reyes Cuéllar, fue engañado y asaltado en su buena fe, porque le indicaron que todo estaba bajo los parámetros de la ley y hoy se comprueba que no es así”, señaló Salazar.

Ya que agrega que la Junta Directiva fue advertida por la Procuraduría sobre esa situación, donde se explicaba que los documentos enviados del actual gerente carecían de veracidad y se hizo caso omiso de esas observaciones.

Dijo además que desde hace más de año y medio viene diciendo que este hospital, tiene los días contados para ser liquidado, porque el Federico Lleras está entre los centros asistenciales de tercer nivel con mayor riesgo.

Indicó que allí se presenta un detrimento patrimonial, ya que cuando Reyes Cuéllar llegó se estaba facturando más de 13 mil millones de pesos, y en la actualidad, no alcanza a llegar a los 9 mil millones de pesos.

¿Qué sigue ahora?

El abogado Jaime Parra comentó que esa decisión permitirá que la persona que realmente se ganó el concurso de méritos, pueda asumir la gerencia del centro asistencial y lo pueda sacar de la crisis que se ha mantenido.

“El Gobernador debe solicitarle a José Raúl Reyes Cuéllar, que renuncie y no le haga más daño a la salud del Tolima, y eso podría parar la intervención del Federico Lleras porque sí se decide apelar el Consejo de Estado es quien entrará a definir en un término superior a los 10 días”, señaló el abogado.

Comentó que el fallo que se dio fue de nulidad y restablecimiento del derecho, donde los demandados eran tres: el hospital Federico Lleras Acosta, la Gobernación y José Raúl Reyes Cuéllar, como persona natural.

Afirmó que la Gobernación no puede permitir que Reyes Cuéllar, continúe en la Gerencia hasta que se defina la intervención, porque el ‘taxímetro’ de los salarios dejados de devengar sigue creciendo.

Ahora la última palabra queda en manos del Gobernador, ya que es quien debe definir lo que pasará, teniendo en cuenta que hay un proceso pendiente de intervención.
 

Gobernación decide apelar

En un comunicado, el abogado de la administración departamental, Jaime Leyva indicó que el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Óscar Salazar Duque será apelado por el Departamento, en razón a que el Decreto 308 del 28 de febrero de 2013 declarado nulo y que designó gerente del hospital Federico Lleras Acosta, fue expedido con fundamento en el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 en concordancia con el Decreto 800 de 2008 y conforme a lo reglado en el artículo 72 de la ley 1438 de 2011.

Normas que determina que el jefe de la entidad territorial deberá designar a quien haya alcanzado el más alto puntaje. “Así las cosas es claro que el Gobierno Departamental obró conforme a la Constitución y a las normas vigentes respecto a la designación de gerente en la Empresa Social del Estado”. 

Por lo que alude que debe dársele claridad a la opinión pública de que el proceso de concurso de méritos fue adelantado por la Universidad de Antioquia y no por el Gobierno Departamental.

“La apelación entonces se surtirá ante el Consejo de Estado respecto del fallo materia de discusión jurídica, entendiéndose que el mismo no ha quedado ejecutoriado, lo cual conllevará a que la decisión tomada por el Tribunal no se cumpla hasta tanto en segunda instancia exista un pronunciamiento jurídico que cierre definitivamente el debate”.

Y agregó que “la apelación que se interpondrá por parte nuestra se circunscribe a que en sede de segunda instancia se revise la decisión tomada por el Tribunal Administrativo y sea revocada”