Según las pruebas evaluadas hasta el momento por el Ministerio Público, el mandatario local habría autorizado verbalmente a un particular para prestar servicios a la Alcaldía, realizando labores de administración de la planta de beneficio (matadero municipal) desde el 1 de mayo hasta el 7 de noviembre del 2012, sin que mediara vínculo legal o contractual alguno.

La persona “encargada” de las labores de administración de la planta tuvo el manejo de los recursos allí recaudados por tasas e impuestos, por lo que se cuestiona la posible omisión del alcalde respecto del cuidado y custodia de los bienes y valores de la entidad territorial.

De otra parte, se investiga la presunta responsabilidad disciplinaria de la tesorera municipal porque al parecer omitió ejercer la supervisión y control de los ingresos por el cobro de rentas e impuestos en la planta de beneficio. Los documentos allegados a este organismo de control evidenciarían que no coinciden los montos correspondientes a las guías emitidas o expedidas con los valores registrados en el libro de contabilidad y los boletines de ingresos del primero de mayo al 7 de noviembre de 2012.