contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en concurso heterogéneo.

Según el Tribunal, Guzmán incurrió en distintas fallas en el 2006, durante su mandatario, específicamente cuando suscribió dos contratos para los suministros de materiales de construcción con dos ferreterías de Ibagué, los cuales oscilaron en $25 millones 522 mil. Dicho material iba destinado a apoyar programas de vivienda.

No obstante, el mandatario no habría cumplido con la etapa contractual, al igual que violó los topes de contratación directa, ya que pagó precios superiores a los establecidos en el mercado.

A la par de este hecho apareció el ingreso y salida de bienes del almacén del municipio con la colaboración de Neyla Guayara y Pedro Reatiga, almacenista y representante de la Empresa de Servicios Públicos de la localidad, quienes firmaron órdenes de suministro de la entrega de materiales, suma que ascendió a $42 millones doscientos mil, seguidamente, se encontró una factura de ventas y un comprobante de egreso cuyas firmas mostraron rasgos de irregularidad.

Por su parte, el exalcalde del Valle de San Juan, argumentó como parte de la defensa que el hecho que fuera el alcalde, no significaba que se le pudiera atribuir toda la responsabilidad.

También, que no existía un hilo conductor entre los supuestos hechos falsarios y el comportamiento desplegado por él, motivo por el cual recurrió al recurso de la revocatoria del fallo de primera instancia.

No obstante, luego de analizar las pruebas entregadas por parte de la defensa, el Tribunal reiteró que Bolívar Guzmán es autor responsable de los hechos que se le atribuyen, por lo cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, resolvió confirmar la sentencia de 60 meses de arresto y un pago por cerca de $32 millones.