El Ministerio de Ambiente expidió el decreto 2220 el 20 de noviembre de 2015, en el cual se anuncia que lo relacionado con las licencias y permisos ambientales para Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos, Pine, de ahora en adelante serán gestionados ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla.

Esto se traduce en que a partir de esta fecha las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país, tienen que remitir a dicha autoridad los expedientes relacionados con los proyectos que se están desarrollando y que son de interés para el Estado.

“En el Tolima ya están calificados varios proyectos de interés nacional y estratégico, como son las dobles calzadas de cuarta generación, la vía Ibagué – Cajamarca por medio de los viaductos que acaba de asignar el Gobierno nacional, también el proyecto de gran minería en el sector de la reserva forestal central, (La Colosa), algunos trazados de la ruta del sol, entre otros”, dijo Cardoso.

Aunque el decreto, se podría ver como una pérdida de autonomía para las Corporaciones, el directivo explicó que no se está perdiendo competencia ambiental, funcional ni operativa, y que seguirán ejecutando sus actividades de autoridad bajo la ley 99 de 1993.

Y al cuestionamiento de que es una forma de perder mecanismos de defensa ante los proyectos Pine, que son los que generan mayores impactos ambientales en las regiones, “nosotros vamos a tener la posibilidad, sin ataduras y sin límites, de pronunciarnos con mucha libertad respecto a esos proyectos, si inciden negativa o positivamente en los recursos naturales”, dijo el directivo de Cortolima.

Sin embargo, no se puede negar que esta decisión centralizada limita el papel de las regiones ante las decisiones de los proyectos nacionales, ya que quedan al margen gobernaciones, autoridades ambientales y alcaldías, para decidir su posición frente un proyecto Pine.

Procesos deficientes

Para el representante Miguel Barreto, el problema no radica en cuál es la entidad que entrega la licencia, ya que según él, el Gobierno nacional ha demostrado muchas deficiencias en el tema minero, a igual que el Anla y las corporaciones, “no hay quien haga control y vigilancia, las funciones no están claras entre el Ministerio de Minas, el de Ambiente y las Corporaciones, hay un desorden en el Gobierno nacional, que personalmente, me preocupa”, opinó Barreto.

Asimismo, hace énfasis, en que se deben cambiar los procedimientos, en el sentido en que en ocasiones se tiene en cuenta únicamente el estudio que hace la empresa minera para entregar la licencia ambiental, sin tenerse en cuenta otros diagnósticos o estudios.

“Los PTO, Planes de Trabajos y Obras, que por ejemplo va a realizar Anglogold Ashanti, siendo en la etapa de exploración, únicamente ese estudio (el de la empresa) se toma como referencia para entregar las licencias ambientales”, explicó Barreto Castillo, lo cual limita el debate técnico y queda el futuro del proyecto ‘en manos’ de la empresa interesada.

Por ello sugiere, la necesidad de hacer estudios paralelos al que realizan las compañías que buscan hacer proyectos mineros en el país, para conocer la viabilidad ambiental, social y económica.

Regiones dejarían de ser tenidas en cuenta

Para el Comité Ambiental del Tolima, esta es una forma de desconocer los derechos de las comunidades, la democracia y de la naturaleza, igualmente, se desconoce el papel de las corporaciones autónomas y obras como La Colosa considerado un Pine, “es un proyecto nefasto que va a afectar el agua, la biodiversidad, el aire, el suelo y la soberanía.

“Por ello exigimos que se respete la autonomía de las regiones, los derechos de la comunidad y la posibilidad de decidir si estamos de acuerdo con estos proyectos”, dijo Renzo García, representante del Comité.

Lo que trae el decreto

Según Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima, esta reglamentación está relacionada con la ley del Plan de Desarrollo 1753 de 2015 y significa que los permisos que necesiten los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos, relacionados con permisos de aprovechamiento forestal, concesiones de agua, permisos de investigación científica y similares, deben ser tramitados exclusivamente ante la autoridad nacional.