Con la idea en mente de no dejar prosperar el proyecto de Central Hidroeléctrica Hidrototare, promovido por la Sociedad Hidrogeneradora Pijao S.A.S., gobernantes, líderes cívicos, agricultores, personeros y ambientalistas de Alvarado y Anzoátegui conformaron el comité proconsulta en contra de las hidroeléctricas.

La finalidad de esta organización es hacer oposición a obras “funestas”, y lograr convocar a una consultar popular.

El mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se espera convocar a los habitantes de estos municipios, junto con los de Venadillo y Piedras, explicó el personero de Anzoátegui, Jonathan Materón, es para que “le digan no a la hidroeléctrica, que afectará el caudal del río Totare”, que si ya está casi seco por el cambio climático, por el calentamiento del Pacífico “no nos imaginamos como será con la entrada en marcha del proyecto”.

Las administraciones de Alvarado y Anzoátegui, en cabeza de Pablo Emilio López y Óscar Fernando Tovar, respectivamente, refirió el Personero, son “conscientes de los daños ambientales y sociales”, por tanto están “interesados en que la consulta prospere”.

Llamar a sufragios populares no será una tarea sencilla, pero el funcionario está seguro de que a más tardar en junio se adelantará.

“Para este proceso se deben surtir unos trámites jurídicos, pero lo importante es que hay un comité, que la gente se está organizando y asesorando, y que los alcaldes harán la tarea de elevar esta propuesta hacia los concejos”, acotó.

Movilización

La agricultora Martha Vila, aseguró que si bien la constitución no es muy clara sobre las consultas en rechazo a las hidroeléctricas, “estamos interesados en hacer una movilización para que la gente se entere de lo que implica hacer una hidroeléctrica”.

En este tema espera que se unan políticos, senadores, representantes, diputados y hasta el Gobernador y analicen qué es lo importante para el Departamento “si la agricultura o la minería o la vida”.

De la ley no permitir este mecanismo, anunció, se seguirá trabajando para que junto con los mandatarios los planes de desarrollo estén enmarcados en una misma política pública agroambiental que refuerce el cuidado y el respeto de los ríos.