Tras una acción popular presentada por la Defensoría Regional Tolima, y que fue fallada favorablemente, se logró que las autoridades locales del Cunday y del Departamento atiendan de manera inmediata a 17 familias albergadas en un colegio cuyas instalaciones están a punto de colapsar.

Asimismo, en la acción jurídica, la Entidad solicitó un censo para establecer con precisión el número de personas en riesgo, que inicialmente se estimaba en 52 ciudadanos, y que adicionalmente se les brinde la atención médica necesaria, por tratarse de una población desplazada por la ola invernal de 2010 y 2011.

Ante la evidente vulneración de los derechos humanos, el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué falló la medida cautelar a favor de los afectados, argumentando que urge resguardar la vida y la salud de las familias que habitan en el colegio.