De acuerdo con la investigación realizada por la Procuraduría, el exgerente presuntamente invirtió más de 35 millones de pesos en una ambulancia del hospital sin el debido control de gasto o justificación técnica para realizar la acción.

Para el Ministerio Público, de llegarse a confirmar la actuación del exgerente Rojas, habría violado la Constitución Política de Colombia, en la que señala en su artículo 2 que es un fin del Estado servir a la comunidad; en el artículo 123 que los servidores públicos deben ejercer sus funciones de acuerdo con la Carta Política, las leyes y el reglamento; y en el artículo 209 que los funcionarios deben trabajar bajo los principios de eficacia y economía, entre otros.

También habría vulnerado la Ley 489 de 1998, la que estableció que la función administrativa se debe desarrollar bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia, entre otros; y, que el Estado debe buscar la satisfacción de todos los habitantes, por lo cual los organismos, entidades y personas encargadas deben ejercer sus labores consultando el interés general.

De manera provisional, la Procuraduría General de la Nación calificó la falta como grave a título de culpa grave.

Por otra parte, cabe recordar que el 2015 fue un año financiero muy difícil para esta institución de salud, tanto así que se dependió hasta finalizar el año de unos giros del Departamento para pagar las deudas que se tenían con los empleados.