La decisión del Tribunal Administrativo del Tolima de ordenar la suspensión del proyecto minero La Colosa condicionada a un estudio de expertos fue recibida por Juan Ceballos, abogado que en 2011 instauró la acción popular, como un “fallo histórico para Ibagué, el Tolima y el país”.

Pero también están Anglogold Ashanti, que califica como “positiva” esta decisión, y Cortolima, cuyo director, Jorge Enrique Cardoso, la ve con buenos ojos pero la apelará, por estar la minera incluida entre las entidades que deban contratar el estudio científico ordenado por el Tribunal.

Reacción del autor

Ceballos destacó que este “hecho histórico” se debe a que es de los proyectos que ha venido autorizando la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y el Gobierno nacional, que se están ejecutando sin las condiciones mínimas”.

Sobre la respuesta a esta acción, que había sido interpuesta en 2011, el profesional indicó que esperaba que la suspensión se hubiera ordenado de inmediato, pero en el ejercicio del derecho “el Tribunal obró con sapiencia y sabiduría, por eso no tengo reparos”.

Eso sí, resaltó en la necesidad de que los informes que se generen luego del fallo sean “concretos e imparciales”, a lo que agregó que “van a arrojar una realidad: el Tolima tiene una dificultad con el recurso hídrico, pues sabemos que para extraer un gramo de oro necesitamos casi mil litros de agua por segundo”.

Anglogold, positiva

En un boletín de prensa, la compañía minera Anglogold indicó que el estudio podrá “demostrar que nuestras actividades de exploración no representan riesgo para la región, y que se hacen bajo los más altos estándares y en total responsabilidad con el medio ambiente y las comunidades”.

La firma enfatizó en que el fallo no suspende el proyecto, y que sus actividades han tenido “el acompañamiento y la supervisión de autoridades nacionales, entre ellas el Ministerio de Ambiente, y los monitoreos ambientales fueron hechos por Conservación Internacional, Universidad Nacional sede Medellín y Universidad de Caldas, entre otros.

Precisamente, ese es uno de los puntos que critica el profesional del derecho, el de la posible intervención en los estudios de entidades que tienen alguna relación contractual con la multinacional; “así Anglogold vaya a pagar el 50 por ciento y el Estado pague el otro 50, nosotros vamos a defender esta consecución”.

Cortolima apelará

Durante la siembra de árboles que llevó a cabo Cortolima ayer en Buenos Aires, su director, Jorge Enrique Cardoso, dijo que la entidad está revisando el fallo y que el próximo lunes tomará una posición con respecto al mismo.

No obstante, explicó que apelará la decisión, “porque no vemos con buenos ojos que se imponga a Anglogold la obligación de contratar un estudio y, a su vez, esté conformando el comité de verificación, de igual manera para la Corporación. Hay varias incongruencias que debemos analizar con mucho reposo y cuidado”.

Ante la pregunta de si pedirá al Tribunal que excluya a la minera del comité, respondió que “sería lo más conveniente, para garantizar a la comunidad un grado de objetividad de todo el comportamiento y cumplimiento del fallo judicial”.

Cardoso agregó que ve con buenos ojos la participación de representantes de Anglogold, pero “debemos de todas maneras verificar elementos que garanticen la objetividad del estudio, por eso queremos desde el inicio tener reglas bien claras para lograr el mejor estudio, que nos permita evidenciar si es o no conveniente la generación de un proceso de gran minería en la cuenca alta del río Coello”.

Cinco años después

De acuerdo con Ceballos, el que la acción popular haya sido contestada cinco años después de su interposición es normal.

“Se presume que es un mecanismo que no requiere de mucho proceso, porque es una acción especial, pero cuando tienen un fondo donde hay falencias y dudas, entre ellas de orden científico, pues recordemos que sobre La Colosa hay informes de Colombian Solidarity, Pax Christi y otras entidades, que se han de tener en cuenta, es normal”, afirmó.

El abogado recordó también que el fallo establece seis meses para la elaboración de los estudios, en los que “se va a recoger esta información, para que se elabore el informe y defina si la suspensión es definitiva o si el proyecto es viable”.

“Es muy claro que la decisión del informe de los especialistas va a ser contundente”, acotó.