Tres meses después de la salida del rector José Herman Muñoz de la Universidad del Tolima, se conoció la demanda que instauró el exdirectivo en contra del alma máter solicitando que se anule el acuerdo, por el cual el Consejo Superior aceptó su renuncia.

Pretensión fundamentada, en el hecho que fue una situación contraria a la Constitución Nacional.

Del mismo modo, se exige un restablecimiento del derecho, el cual consiste en “que se reintegre a José Herman Muñoz Ñungo, al cargo de Rector de la Universidad del Tolima para el cual fue designado desde el 1 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2018”, se explica en el oficio.

Reclamo al que se suma, el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde su desvinculación, “así como el lucro cesante de lo adeudado, consistente en los intereses corrientes de las sumas actualizadas desde el momento en que se debieron de cancelar, hasta cuando se efectué el pago real y efectivo (...)

“Y que se declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio”.

Una última aspiración, es que se cancele los salarios y prestaciones que dejó de recibir desde que se apartó de su cargo hasta el 2018.

Las cuentas proyectadas de la pretensión subsidiaria, arrojan una cifra de $602 millones, en ella se encierra sueldos, cesantías, primas de servicios, primas de navidad, bonificación por servicios, vacaciones y doceavas.

Es de recordar que, en uno de los últimos diálogos que tuvo el exdirectivo con los medios locales, dijo que estaba analizando minuciosamente los hechos que giraron entorno a su salida y calificó como una presunta “persecución orquestada”, los diferentes hechos que se originaron en el transcurso de este 2016 y que terminaron en su salida.

El legado de la era José Herman

Recientemente, la actual administración entregó un balance de la rectoría Muñoz Ñungo, en ella se mostró que la UT pasó de contar con un superávit de más de $7 mil millones en 2012 a un déficit cercano a los $19 mil millones en el último año y con tendencia a aumentar sino se toman medidas efectivas.

A esto se le añade el hecho del aumento considerable que tuvo en los últimos años el área administrativa, tema que será evaluado de manera externa y en la que se invertirá cerca de $500 millones.