Informe financiero del hospital de Purificación generó varias dudas en la Asamblea del Tolima

HÉLMER PARRA - EL NUEVO DÍA
A pesar de que el Gobierno departamental, entregó recursos al Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación como pago de la ordenanza 032 de 2014 y que la administración logró convenios que le permiten tener una aparente fluidez, los procesos jurídicos que cursan en contra de la entidad y la falta de pago de las EPS, continúan siendo el ‘talón de Aquiles’.

De manera global, se conoció que en 2016 el presupuesto inicial del hospital fue de $8 mil millones a esta cifra se le sumó $6 mil millones por adiciones. Rubro que incluye lo girado por el Gobierno seccional y convenios con la Alcaldía.

Asimismo, el gerente José Numar Ramírez, explicó que los gastos para la anterior vigencia sumaron $13 mil 200 millones, de dicho valor se hicieron pagos por $10 mil 356 millones y precisó que los mayores compromisos de pago es el de personal, tanto de planta como de contrato.

En el campo jurídico, sobre el centro hospitalario recaen 19 procesos en curso que sumadas las pretensiones, alcanzarían los $3 mil 147 millones.

Asimismo, se cuentan tres fallos en firme por $111 millones y uno con embargo por $108 millones.

 

¿Presupuesto inflado?

Una vez revisadas las cifras, varios de los diputados cuestionaron el hecho de que el presupuesto de la vigencia anterior estaba por encima de la facturación.

“Lo facturado es lo real, es lo que recauda el hospital, lo que espera recoger. Y si lo que esperaba recoger en 2016 era $6 mil 985 millones y hacen un presupuesto de $14 mil millones, es preocupante.

“Y a penas recaudan $2 mil 988 millones”, precisó el asambleísta Carlos Reyes.

Ante las dudas que generaron las cifras entre lo presupuestado, lo facturado y lo recaudado, Reyes solicitó un plan de ajuste fiscal, para revisar minuciosamente los estados financieros.

Por su parte, la diputada Martha Lucía Amaya, le solicitó a la Secretaría de Salud del Departamento y a la Contraloría, evaluar y hacer seguimiento a los reportes entregados por los gerentes de los siete hospitales de segundo nivel, para establecer si los datos entregados son ciertos o no.

 

Cuota política

El diputado Milton Restrepo le preguntó a Ramírez de manera directa si tenía algún tipo de relación política con Iván David Hernández Guzmán, quien fue gerente del hospital Federico Lleras Acosta en el primer mandato de Óscar Barreto y que actualmente es investigado por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo.

Restrepo, le precisó al funcionario que hacía esta pregunta porque, “la señora Ruth González Ospina es la prima del señor Iván David y es una profesional que tiene a cargo varias áreas”.


Diferentes conceptos

Al cuestionamiento del presupuesto, el gerente Ramírez indicó que contablemente se relaciona dos tipos de recaudo, “el de venta de servicios de salud, ahí no se involucra esto (convenios o transferencias), pero también existe el total, en donde entra (el) efectivo en los bancos sea por venta de servicios o recaudos”, precisó el funcionario.

Es decir que en cuentas del gerente, en el recaudo total se incluye no solo lo que se factura, sino también lo que reciba por giros o pagos de vigencias de años anteriores.

En cuanto a la aparente relación o vínculo que tiene la entidad con el exgerente Hernández Guzmán, Ramírez precisó que “en algunas ocasiones nos ha prestado apoyo para hacer unas brigadas como médico.

“Son rumores y especulaciones que se forman en un pueblo pequeño, pero sin algún soporte”, explicó el funcionario.

Agregó que llegó al cargo por su experiencia y no por ser una cuota política.

Credito
EL NUEVO DÍA

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