El oficio expedido ayer en la mañana, explica que el Departamento acoge la solicitud de la Registraduría Nacional y cancela el proceso que estaba programado para el 12 de noviembre.

La decisión se toma debido a que la Registraduría argumentó que el Ministerio de Hacienda no se hizo cargo de los gastos que genera el proceso, por lo tanto se debe definir quién lo hará si el Departamento o el Municipio.

Sobre este tema el secretario del Interior, Ricardo Orozco, manifestó que no hay claridad jurídica en la propuesta para que sean los entes territoriales quienes asuman el costo de las consultas populares.

“Además los presupuestos de los departamentos y municipios no contemplan por ningún lado, el financiamiento de este tipo de consultas”.

¿Quiénes deben pagar?

Cristian Martínez, coordinador de la MOE en el Tolima, contó que Herveo se suma a la lista de poblaciones en que fue suspendida una revocatoria, hechos que generaron acciones de tutela, para que se defina quién debe asumir el costo de estos mecanismos de participación ciudadana.

“Alguien tiene que pagarlas; los gobiernos municipales o departamentales de acuerdo con sus competencias o como ha venido sucediendo en el país el Ministerio de Hacienda”.

Martínez agregó que por este año no habrá consultas y que a su vez, la situación pone en riesgo otras iniciativas que se adelantan en la región.