La Procuraduría Provincial de Chaparral endilgó tres cargos al mandatario; el primero, celebrar el contrato de obra pública 139 del primero de agosto de 2016 y el de interventoría 140 del 2 agosto de 2016 para construir un puente sobre el río Negro, sin adelantar un proceso de selección, dando aplicación a la contratación directa y amparado en la urgencia manifiesta.

En segundo lugar, se le cuestionó por utilizar indebidamente la figura de urgencia manifiesta decretada en diciembre de 2015 y derogada por la Contraloría General de la República, por no ajustarse a lo dispuesto en el estatuto general de contratación.

Y el tercero, porque, al parecer, omitió el envío inmediato de los contratos de obra pública e interventoría, junto con la documentación soporte de la declaratoria y, la verificación de su recibo por parte de la contraloría.

Entre las normas violadas el ente de control citó el artículo 43 de la Ley 80 de 1993 que establece: “Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta (…) se enviarán al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal (...) el cual deberá pronunciarse dentro de los dos meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración (…). "El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta”.

La audiencia tendrá lugar en las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Chaparral el próximo martes 13 de marzo de 2018, a partir de las 2:15 de la tarde.