Dicho proceso se da en el marco de verificación del cumplimiento del fallo de la acción popular promovida por la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria, en contra de varias entidades del orden nacional y departamental, entre ellas Cortolima.

El subdirector de Planeación de la corporación, Carlos Mora explicó que junto al Ministerio de Ambiente ya se tiene un estudio mediante el cual se identifican la zona de riesgo, del mismo modo, un informe predial de los predios públicos y privados que existen en el lugar y que está próximo a entregarse el plan de uso y manejo de la reserva.

Sobre el tema predial, Mora precisó que en algunos casos se deberá emprender acciones en aquellas zonas de alto riesgo y en la que estén haciendo una ocupación ilegal, mientras que en otras situaciones se deberá concertar medias que permitan el avance del plan de manejo.

En cuanto al número de propiedades dentro de la reserva “son 84 predios privados que tienen título y algo más de 100, entre casas y fincas, que no tienen tradición, están haciendo una ocupación ilegal”, dijo el funcionario.

Con esta información ahora la Alcaldía de Mariquita, la Gobernación del Tolima y el Ministerio de Vivienda deberán adelantar las acciones pertinentes para reubicar a las familias que sean necesario.

En este proceso jurídico ya se hizo el aislamiento y la respectiva señalización de la reserva sobre aproximadamente 600 hectáreas.

Cabe recordar que la acción popular también recae sobre la Alcaldía de Mariquita, la Gobernación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Dato

Una de las tareas más complejas que sigue ahora es precisar el número de familias que se deberán reubicar y buscar el recurso para ello.