H. Federico Lleras, la ‘papa caliente’ entre la Supersalud y la Gobernación

HÉLMER PARRA - EL NUEVO DÍA
Mientras la Supersalud manifiesta que el ‘Fedelleras’ puede ‘andar’ sin la intervención, el Departamento mantiene su posición de no recibir el manejo.

Por más de cuatro horas se habló en la Asamblea sobre la situación financiera que tiene el hospital Federico Lleras Acosta pasados cuatro años del proceso de intervención y aunque algunos consideran que la entidad no está lista para volver a manos de la Gobernación del Tolima, la agente interventora Inés Loaiza, planteó lo contrario en su intervención ante la duma.

Loaiza, explicó que actualmente el centro hospitalario tiene todos los servicios en funcionamiento y que asumió la atención de los usuarios de la clínica Esimed tras su cierre y de los pacientes que dejaron de ser atendidos por urgencias en Medicádiz.

En cuanto a la cartera precisó que el 59% corresponde a régimen subsidiado y el 29% al contributivo.

En las cuentas está que Cafesalud adeuda $24 mil millones, SaludVida EPS $19 mil millones, Asmet Salud $9 mil millones y que entidades como Pijaos Salud, Comparta, Caprecom, Saludcoop y del Departamento tienen pagos pendientes menores a $10 mil millones.

Mientras que Nueva EPS adeuda $6 mil 416 millones de una cuenta reciente, al igual que, Medimás la cual va en $13 mil millones.

En total se estima que entre EPS vigentes y liquidadas la cartera total del Federico Lleras es de $142 mil millones.

En este tema, la interventora dijo que a pesar de que se está recibiendo recursos por parte las EPS, generalmente esos dineros se aplican a las deudas que vienen de años atrás, generando que se mantenga un ‘hueco’ financiero.

“Desde el hospital no se puede resolver el problema estructural del sistema, nosotros hicimos cobro coactivo y hemos logrado cosas, pero no las suficientes, porque el problema del sistema es estructural”, dijo en su intervención.

Ante este panorama, la pregunta obligada a Loaiza era qué tan viable es que el hospital vuelva a ser administrado por el Departamento, a lo que respondió que si termina la intervención como está planteado por resolución el próximo 2 de diciembre, “se debe continuar haciendo la misma tarea que hemos venido haciendo hasta ahora, no cambia y es seguir prestando los servicios, seguir manejando los costos y seguir cobrando”.

Y al contrario de lo que dice el Gobierno departamental, la agente interventora, manifestó que el centro hospitalario sí se ha recuperado financieramente, “saben que es pagar $80 mil millones..., cuando usted ve las cosas puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, usted puede mirar una cifra diciendo que no sirve o que sí sirve”.

 

¿Cuál es el riesgo jurídico hoy?

En este campo, el balance que tiene la agente interventora es diferente al de la Administración seccional, ya que indicó que aunque las pretensiones están en $133 mil millones, al aterrizar la cifra el resultado es menor.

“Cuando un abogado juicioso mira, ve que están exigiendo cosas que ni siquiera legalmente se pueden pedir, entonces lo primero que se hace son las excepciones, cuando se hace la depuración (las pretensiones) llegan a los $33 mil millones.

“En realidad lo que está en primera instancia son $8 mil millones y están en apelación, eso puede demorarse mucho tiempo en salir.

“El hospital ha tenido que pagar al año, máximo mil 500 millones de pesos” por procesos jurídicos.

En cuanto a si se tiene deudas con los trabajadores, indicó que solo estaría pendiente un retroactivo, el cual se cancelaría esta semana.

 

Venta de El Limonar sigue en firme

Otros de los puntos críticos es la venta de este activo que está avaluado en cerca de $70 mil millones, sobre ello Loaiza expuso a los asambleístas que cuando llegó a administrar la entidad ya existía la propuesta de venta, pues hacía parte del Plan de Gestión del Riesgo, Pgir, y era en concepto del Ministerio de Hacienda, la única forma de obtener recursos para implementar la producción del hospital.

Agregó, que no está insistiendo en la transacción de este patrimonio, simplemente, cumple con uno de los puntos que está dentro de un plan.

“El incumplimiento del Pgir genera para el hospital la liquidación, y eso no tiene sentido, salir a liquidar una entidad en la que se debe trabajar todos los días”, pronunció.

Añadió, que el dinero de este negocio se destinará a proyectos de inversión pues “no hay dinero, quién lo va a poner, pues al menos la Gobernación dijo que toda esta planta (cerca de $40 mil millones) no la tenía”.

Otra de las inquietudes, es quién manejaría el dinero, si la venta se materializa una vez finalice la intervención a lo que respondió “lo tiene que manejar quien asuma la gerencia, eso es para cumplir el Pgir, (proceso) que debe cumplir quien esté sentado en la gerencia”.

 

Los otros puntos de vista

La secretaria de Planeación Olga Lucía Alfonso, reiteró ante los diputados y concejales de Ibagué, que el Federico Lleras Acosta genera una utilidad que no es operativa y tampoco excedentes que permitan superar el problema de eficiencia, añadió que los recursos que recibió la entidad del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud, Fonsaet, es gracias a la intervención.

Si se levanta, “tampoco tendríamos la seguridad jurídica que blinda el hospital por estar intervenido, una vez se quite, los $130 mil millones de demandas van a venir a aplastar al hospital”, dijo la funcionaria.

Mientras que el alcalde de Ibagué, Guillermo A. Jaramillo, indicó que este centro hospitalario debe proyectarse en tercer nivel, igualmente, que es necesario que el Gobierno nacional sea más fuerte con las EPS, pues no los están obligando a pagar.

En cuanto al aporte que hará el municipio consiste en la condonación del impuesto predial que asciende en la actualidad a una cifra cercana a los $2 mil millones, medida que se adaptaría a través de un proyecto de acuerdo que será presentado ante el Consejo.

“Por el otro lado, eximirlo del pago del predial por lo menos por los próximos 10 años, eso nos daría más o menos $10 mil millones, sería una ayuda cercana a los $12 mil millones.

“Y fuera de eso estamos trabajando para descargar al Federico Lleras y que se dedique exclusivamente a la alta complejidad”.

En cuanto a la finalización de la intervención Jaramillo dijo que de llegar a darse, una posibilidad para seguir protegiendo la entidad es la Ley 550 o de quiebras.

“Si la ‘Super’ dice lo entregó y lo tiene que recibir el Departamento, en menos de nada está liquidado ese hospital porque le caen todas las demandas, por eso la única fórmula fuera de la liquidación que no la queremos ninguno, es pasarlo a Ley 550 y que empecemos todos a solucionar el problema”.

 

Los asistentes

Al debate citado por los asambleístas Alexánder Tovar y Jorge Palomino, asistieron también el representante a la Cámara Ángel María Gaitán, concejales de Ibagué, la secretaría de Salud del Tolima, el contralor Departamental, el Personero Municipal, veedurías y comunidad en general.

De la misma forma, el sindicato Anthoc seccional Tolima, cuyo presidente Pedro González, expresó que a pesar de la ausencia del Ministro de Salud y el Superintendente de Salud, la jornada fue positiva porque surgirán mesas de trabajo concertadas entre el Gobierno departamental, sindicatos y la comunidad, otra conclusión es que falta “compromiso de los congresistas y representantes a la Cámara por el Tolima, pues solo hizo presencia uno”.

En cuanto a las dos posiciones encontradas del Departamento y la ‘Super’, comentó que es necesario reunirse porque las cifras no concuerdan, no obstante, el sindicato estaría de acuerdo con el balance que entrega la Gobernación.

Credito
XIMENA VILLALBA C.

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