Según señala este ente de control, se pudo evidenciar que Ortiz ejerció funciones como gerente encargada de la institución hospitalaria estando inhabilitada entre el 11 y el 30 de marzo de 2016, y luego de haber sido miembro de la junta directiva de este centro médico el año anterior a su nombramiento, cuando se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Social.

La Procuraduría, evidenció que se incumplió el artículo 71 de la ley 1438 de 2011, el cual establece que los miembros de la junta directiva de las empresas sociales del Estado, no podrán ser miembros de los organismos directivos del sector salud, cuya inhabilidad se debe regir hasta un año después de la dejación del cargo.

Además esta entidad del Ministerio Público, recordó teniendo en cuenta este caso, que al tomar posesión de este tipo de cargos, “los servidores públicos tienen una serie de prohibiciones, que deben conocer y cumplir”, hecho que transgredió como un falta disciplinaria, al incurrir en estas conductas previstas por la ley.

El desempeño de este cargo por parte de Ortiz Montes, fue calificado por la entidad como una falta gravísima a título de culpa gravísima, por incumplir reglas de obligatorio cumplimiento.

Pese al pronunciamiento de la Procuraduría, al exfuncionaria interpuso un recurso de apelación contra esta decisión tomada en primera instancia, por lo que será la Procuraduría Regional, la que resuelva la situación en segunda instancia.