Una de las polémicas que involucró a la Fundación Vida y Salud Solidaria, Fundasalud IPS, fue un contrato que adelantó con el hospital San Juan Bautista de Chaparral en 2016 para ejecutar estrategias en caminadas a prevenir y controlar enfermedades transmitidas por vectores en 11 municipios del Tolima, el acuerdo que fue liquidado de forma unilateral hoy estaría demandado y en medio de una reclamación jurídica.

El contrato inicialmente fue por un valor de $651 millones y tenía un plazo de ejecución de 88 días, luego se procedió a hacer una adición de $279 millones, es decir, que el valor total ascendió a los $930 millones. Según la resolución 849 del 9 de noviembre de 2018 emitido por el centro hospitalario, en julio de 2018 se dio inicio a tramitar la respectiva liquidación.

“El hospital tiene una obligación jurídica y legal de liquidar los contratos que suscribe con todos sus proveedores y contratistas.

“Ese contrato lo recibí en teoría ya ejecutado, y terminado los términos en tiempo, entonces hicimos una auditoría y revisión de todos los soportes con un equipo técnico que tuvo el apoyo de la oficina de control interno”, dijo la gerente de la entidad Diana Buenaventura.

Durante esta labor se procedió a revisar con ‘lupa’ cada uno de los ítems contratados y los respectivos soportes, entre ellos, el personal, las compras de elementos de identificación de la campaña (chalecos y logos bordados), papelería e insumos, publicidad de la campaña, transporte, apoyo logístico, entre otros.

El total ejecutado y soportado fue de $453 millones 537 mil 117, quedando un pendiente de $476 millones 462 mil 883.

“Le presentamos un acta para firmar de liquidación bilateral, pero obviamente dijeron que no, porque les tocaba devolver una cantidad considerable de dinero.

“Adelantamos dos mesas de trabajo en donde presentaron algunos soportes (IPS), algunos fueron válidos, otros eran los que ya estaban, muchos ítems no pudieron soportarlos, entonces con ellos, se surtió el debido proceso”, contó Buenaventura.

Debido a la falta de las evidencias se le reiteró a la entidad que era necesario adelantar la liquidación bilateral, ante la negativa de Fundasalud se procedió a hacerla de forma unilateral en noviembre de 2018 a través de la resolución.

En la tercera parte del resuelve se declaró a favor del hospital San Juan Bautista los más de $476 millones que no fueron soportados por la Fundación y en la cuarta se “ordena el reintegro de los saldos no ejecutados por parte del contratista (...)”.

La resolución tenía la posibilidad de recurrir al recurso de reposición, opción que no habría sido utilizada por la Fundación. Ante la situación y teniendo en cuenta que los más de $400 millones deben integrarse al hospital San Juan Bautista, para que esta entidad a su vez los devuelva a la Secretaría de Salud del Tolima, se procedió a hacer la reclamación a la aseguradora, igualmente, “presentamos una demanda ejecutiva y pusimos las denuncias respectivas ante la Procuraduría y en la Contraloría”.

Las observaciones

Entre los procesos no soportados, está parte del pago de algunos contratistas, por ejemplo, a un coordinador de talento humano en el informe financiero se relaciona un valor de $10 millones 500 mil, el aprobado era $3 millones 500 mil, por lo que el valor no justificado quedó en $7 millones.

En este caso los soportes no se encontraron y en las observaciones hechas por el hospital se señala que “se argumenta error involuntario sin (el) soporte con firma de representante y contratista que valide lo dicho”.

Otro pago es el de unos psicólogos para Líbano y Carmen de Apicalá, en el informe financiero de la IPS se relaciona $6 millones 500 mil, lo aprobado era $3 millones. Para esta situación, según el hospital la Fundación no presentó soportes legales que constatarán la adición en dinero cancelada al contratista.

Este tema de adiciones sin soportes se repetiría en varias ocasiones, asimismo, según la gerente hay casos en los que no hay contratos o informes de que fue lo que se ejecutó.

El origen del ‘enredo’

En 2017 la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República encontró varios hallazgos en este acuerdo y llamó la atención en el hecho de que la Secretaría de Salud del Tolima contrató el servicio de prevención con el San Juan Bautista en 2016 bajo la administración de Angela Maritza López, y el centro hospitalario lo contrató a su vez con Fundasalud.

El objetivo era involucrar a la comunidad, a las instituciones y al sector educativo en la eliminación de criaderos de los mosquitos que originan enfermedades como el zika, el dengue o el chicungunya. En ese momento, el ente de control estimó un hallazgo millonario hallazgo en la recolección de inservibles, pues no se ejecutó como se había planteado. Al parecer, el compromiso de la IPS era aportar los carros que iban a recoger los objetos, pero la finalmente lo habría hecho con las volquetas de los municipios. La Contraloría generó otra presunta irregularidad en algunos gastos operativos, presuntamente un doble pago en administración específicamente en lo relacionado en logística.

Ante la polémica, la gerente Diana Buenaventura, recordó que ella llegó en 2017, por lo que procedió a adelantar la auditoría para adelantar la respectiva liquidación.

Es de recordar que recientemente la Fiscalía relacionó a Fundasalud IPS con el presunto delito de falsificación y distribución de medicamentos de alto costo adulterado, por dichos hechos se le imputó cargos a 10 personas. Los delitos están relacionados con corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; concierto para delinquir, y enajenación ilegal de medicamentos.

Dato

El total de los $930 millones que se utilizaron en el contrato, corresponden al Sistema General de Participaciones. 

Dato

Aunque el contrato se hizo en el 2016, las investigaciones continúan y se le suma ahora el capítulo de reclamación.