En la mesa participaron la Alcaldía de Ibagué, la Alcaldía de Pueblo Rico, Risaralda; Unidad de Víctimas, el Consejo Regional Indígena y autoridades indígenas con presencia del Ministerio Público.

“Las circunstancias en las que se encuentran las familias nos preocupa a todos, pues están en un estado de mendicidad y en el que se ven afectados los derechos de los niños”, afirmó Érika Ramos, directora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos de la Secretaría de Inclusión Social Poblacional del Departamento.

Compromisos

El encuentro se desarrolló en el marco de la sentencia 8187 de 2015, y se fijaron compromisos al 10 de junio como la realización de reuniones internas de las autoridades indígenas para establecer unos mandatos al interior de los resguardos que eviten que estas familias migren a diferentes partes del país.

Asimismo, la Unidad de Víctimas verificará el origen territorial de las familias según la caracterización presentada por el Gobierno departamental en coordinación con la Alcaldía Municipal.