En el Tolima se estima que hay 21 mil 209 personas sordas, cinco mil 976 de ellas viven en Ibagué. En este tema, una de las mayores preocupaciones que surge de la población infantil es que en el Sistema de Matrículas Estudiantil, Simat, tan solo se contabilizan 238 alumnos.

La directora del Instituto Nacional para Sordos, Insor, Natalia Martínez Pardo, estuvo en Ibagué para hacer seguimiento al trabajo que se adelanta desde el sector educativo, como una de las 10 ciudades priorizadas para implementar un modelo de enseñanza inclusivo.

Tras su vista señaló que la Alcaldía tiene un avance importante en la planeación de estrategias dirigidas “al mejoramiento de la calidad y cobertura de educación de personas sordas y por el lado de la institución Niño Jesús de Praga, (esta) le ha puesto la ficha a la educación bilingüe y bicultural”.

Martínez Pardo agregó que aunque existen docentes, rectores y padres de familia que están permanentemente en la búsqueda de conocimientos en este campo, hay retos a nivel nacional en la contratación de personal de apoyo e intérpretes.

Situación que a veces “afecta la calidad educativa, porque el personal no llega en los tiempos que quisiéramos, llega tarde”, lo que genera que los niños y niñas sordas pasen meses sentados en un aula, esperando recibir el apoyo.

Mínima cobertura

La directora explicó que la cobertura a personas con discapacidad auditiva en Colombia es de aproximadamente un 20 por ciento, valor que surge de las proyecciones que hizo el Instituto basado en el censo Dane del 2005.

Y en el contexto regional, hay mil 901 niños en el rango de cero a 4 años, mil 896 entre los cinco y 9 años, mil 886 de 10 a 14 años y mil 866 que tienen entre 15 y 19 años.

Es decir, que son más de seis mil niños que deberían estar dentro del sistema educativo, pero la realidad muestra que solo se contabilizan 238 estudiantes sordos que se distribuyen así: 109 en Ibagué y 129 en el Tolima en 82 colegios.

“Necesitamos hacer esfuerzos importantes en aumentar la cobertura, en buscar activamente en dónde están esos niños (...) hay que esforzarse mucho más en hacer esa búsqueda sobre todo, a niños con discapacidad y desde mi interés particular de los pequeños con discapacidad auditiva”, precisó.

Al preguntarle, quién tiene la obligación de adelantar dicha ubicación de menores, respondió que la responsabilidad directa es de las secretarías de educación, asimismo, que los padres deben buscar la forma de dar a conocer los casos y de tocar las puertas de las instituciones educativas, “y estas tienen el deber de abrirlas”.

En cuanto a los docentes, Martínez Pardo dijo que ellos deben tener la mente abierta y la disposición para darle paso a la educación bilingüe “tienen que estar abiertos a la inclusión, todos los niños son diferentes. El docente debe entender que las necesidades de los menores son diversas en sus diferentes expresiones”.

Designación de presupuesto

En 2017 el Gobierno nacional expidió el decreto 1421 mediante el cual se reglamenta la prestación del servicio educativo a la población con discapacidad, con esta propuesta se busca garantizar una educación de calidad.

“El decreto dice que por cada niño con discapacidad matriculado, el Sistema General de Participaciones, le va a dar recursos a esa secretaría de educación, un 20 por ciento adicional”, Martínez agregó que con este recurso se debe contratar el personal adicional que se necesite.

“¿Son recursos suficientes? No, por lo que las secretarías ponen plata de su bolsillo para complementar los (dineros) que se necesitan para la implementación del decreto”.