Las ‘ías’ se articulan para vigilar contratación por la emergencia Covid-19

A nivel departamental, solo 20 municipios han reportado información sobre la contratación adelantada durante la emergencia.
Crédito: JORGE CUÉLLAR - EL NUEVO DÍA
La Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía se aliaron para vigilar los recursos públicos y evitar que se desvíen en medio de la pandemia.
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Los sobrecostos en la contratación directa que han hecho gobernaciones y alcaldías en el marco de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, tiene a las ‘ías’ haciendo un seguimiento exhaustivo, pues se han encontrado varias ‘perlas’ que se estarían convirtiendo en ejemplos de sobrecosto.

El contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, indicó en entrevista con RCN radio, que se han revisado alrededor de cinco mil 198 contratos, labor que dejó varias intranquilidades. “Nos preocupan temas como el de la Gobernación del Tolima, que hace un contrato de publicidad por mil millones de pesos, cuando su propuesta era de $420 millones”.

Sobre el particular, cabe señalar que el mandatario Ricardo Orozco celebró un contrato con León Gráficas para que ejecute una estrategia de comunicación durante la pandemia.

Esto a través de la declaratoria de urgencia manifiesta, una modalidad de contratación excepcional para situaciones de crisis, como la que enfrenta el país.

El Contralor General también habló de contratos de suministros y alimentación en las alcaldías de Sincelejo y Coveñas en Sucre, la Gobernación de Casanare, entre otros. “Son alrededor de $80 mil millones que se han detectado de presuntos sobrecostos y que con efectividad hay alrededor de unos 60 entes territoriales que ya hemos verificado en ese sentido, hay 11 casos que venimos detectando muy fuertes y avanzado con Fiscalía y Procuraduría”.

Y añadió que lo importante es que los alcaldes y gobernadores que se están “estrenando se den cuenta que esto es de verdad, que su función debe ser atender a la comunidad y que no deben estar pendientes de lucrarse de una u otra manera, porque los vamos a ‘pillar’ y vamos a tomar todas las decisiones con Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, para que además tengan escarmiento”.

 

¿Y cómo está el panorama regional?

De otro lado, el contralor Departamental, Diego Andrés García, explicó que hasta el lunes de esta semana, de 46 municipios sujetos de control solo 20 habían entregado información sobre las declaratorias y contratos hechos en el marco de la emergencia por Covid–19. Entes territoriales, a los que se le suma la Gobernación y un hospital.

“Los actos administrativos remitidos están relacionados con la urgencia manifiesta y la calamidad pública, han sido 27, nueve calamidades públicas y 18 urgencias manifiestas.

“Nos han enviado 42 contratos, 16 de ellos por prestación de servicios personales, 10 de suministro de elementos de protección que son insumos médicos, biomédicos y aseo, 11 de suministros de kits alimenticios, dos de suministros para la Fuerza Pública, dos de suministro de combustible, dos de plan de medios y perifoneo, uno de prestación de servicios de desinfección y un convenio interadministrativo que tiene varias actividades”.

García explicó que aunque se permite la contratación directa por la emergencia para omitir el paso de oferta pública y ahorrar tiempo, se debe cumplir con todas las exigencias de ley.

Una vez se reciben los documentos se debe verificar si son procedentes o no, por ello, la Contraloría conformó una comisión interna de abogados para revisar jurídicamente y a detalle la contratación que debe estar referida en actos administrativos y ser acordes al tipo de emergencia declarada.

Sin embargo, los municipios se estarían ‘rajando’, “porque no tienen en cuenta que deben enviar todos los soportes de manera mediática del acto contractual.

“He solicitado a las entidades que no me pueden confundir una situación de urgencia manifiesta a lo que también tienen como obligatoriedad permanente de rendir los contratos al SIA Observa, si en este momento me pongo hacer un balance están rajadas conmigo y la Contraloría Departamental”.

Luego de definirse sin son procedentes o improcedentes, se pasa a revisar si los contratos fueron ejecutados y cumplieron con su objeto.

En cuanto a la Gobernación del Tolima, García indicó que solicitó la información de los contratos de los kits nutricionales, se pidió “que nos manifestaran cómo va hacer el despliegue o el actuar de la Gobernación en la entrega de esos kits.

“Qué poblaciones se encuentran beneficiadas y cuándo serían las entregas a nivel departamental”, también, agregó que el mandatario seccional, solicitó hace más de una semana acompañamiento a este ente de control.

Otra aclaración de García es que actualmente, solo el Contralor General tiene facultades para hacer control preventivo y concomitante.

 

Compras centralizadas

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República recomendaron al Gobierno nacional adelantar compras centralizadas o contratar conjuntamente con las entidades territoriales los insumos de especial prioridad, necesarios para impulsar la preparación, prevención y contención del Covid-19.

Estos mecanismos permitirían agrupar las necesidades comunes de las distintas entidades y comprar conjuntamente bienes y servicios para combatir la pandemia, así como coordinar, revisar y dar directrices respecto de la calidad y oportunidad de lo que se compra.

Además, instaron a Colombia Compra Eficiente a agilizar y dar celeridad al diseño, estructuración y puesta a disposición de las gobernaciones y alcaldías, de los Instrumentos de Agregación de Demanda necesarios para la compra de bienes y servicios imprescindibles.

 

Frase

"Vamos a seguir coordinados con Procuraduría y Fiscalía para que no se hagan el ‘agosto’ estas personas que se quieren lucrar en semejante pandemia", Carlos Felipe Córdoba. Contralor General de la República.

EL NUEVO DÍA

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