El Centro de Estudios Regionales, Cere, hizo una revisión de las cifras de desigualdad de género y mostró que las comunidades indígenas, afros y ROM, estarían quedando casi invisibles en medio de la emergencia sanitaria.

La angustia se multiplicó

Greis Cifuentes, participante en la investigación, explicó que el análisis se hizo desde diferentes enfoques como son la mujer en el hogar, autonomía financiera y violencia intrafamiliar.

En la actualidad la casa se volvió en el espacio en donde ellas deben estar pendiente diariamente de ser mamás, maestras porque deben ayudar a sus hijos en la educación virtual, aparte de ello, responder por el teletrabajo, sin olvidar el papel de pareja.

“Hacemos un llamado a la corresponsabilidad familiar, en donde todos los integrantes entiendan que hay responsabilidades compartidas y que esto no tiene que caer solo en la mujer como ha sido históricamente, es un problema que en este momento y bajo esta situación, se ve exacerbado y donde le puede causar a las mujeres problemas de estrés y mentales, frustraciones o ansiedad”.

Una segunda línea fue la autonomía financiera, que en el caso de las madres solteras y jefes de hogar, la actual situación hace que sus angustias aumenten. Según las estadísticas expuestas en el informe, en el país las mujeres representan el 51.2% de la población de dicho porcentaje el 12.7% están desempleadas.

Recientemente, se conoció un nuevo informe del Dane en donde se registró una cifra de desempleo en Colombia cercano al 20%, en ella, Ibagué se ubica entre las tres primeras ciudades. “Estamos hablando que a nivel nacional el 22% son hombres y 24% mujeres, entonces nuevamente se evidencia como el desempleo también afecta de forma diferente y en mayor medida a las mujeres, eso es una tendencia de los últimos años”, explicó Cifuentes.

La investigadora agregó que ante la falta de oportunidades académicas, la alternativa para las ciudadanas es el trabajo informal modalidad que en este periodo de aislamiento genera marcadas limitaciones, lo que termina en un bajo ingresos para su sustento diario.

“Este factor se suma a otros elementos de riesgo que ponen a las mujeres en una condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que la cuarentena puede (generar) violencia en su contra, sobre todo la violencia doméstica”, se describe en el informe.

Sobre ello Cifuentes comentó que son alarmantes las cifras durante el periodo de confinamiento, a lo que se le agrega que en la mayoría de los casos la víctima vive con su agresor, lo que genera que los abusos queden sin ser denunciados en el momento oportuno. Para el caso del Tolima, un agravante más, es que falta información sobre las rutas de atención y peor aún, en muchos casos en las zonas rurales se desconoce los derechos de las mujeres.

“Un informe de la Procuraduría evidenció que cuando las mujeres iban a denunciar los casos, cerca de 133 comisarías (en el país) decían que no conocían la ruta de atención, entonces hacemos un llamado porque si la misión es específicamente esa, es preocupante que no puedan cumplir para la que fueron creadas”.

Por ello, desde el Cere se  convoca a apoyar a las Comisarías de Familias con recursos y personal idóneo, asimismo, se hace necesario socializar las rutas de atención en diferentes espacios y por todos los medios posibles, “para que entendamos que esta es una prioridad para el Tolima, un departamento que tiene las cifras de violencia intrafamiliar y el feminicidio muy altas en comparación con otras regiones”, precisó Cifuentes.

El desconocimiento de los derechos y de las vías de atención, hace que los casos queden ocultos entre estadísticas y en ocasiones ni siquiera logra denunciarse.

Otras de las prioridades es un sistema de información diario que permita hacer un monitoreo constante de la violencia intrafamiliar para tomar medidas oportunas y priorizar los municipios que necesitan una intervención inmediata, igualmente, adoptar acciones de compensación para las vendedoras informales.

Comunidades indígenas

En 2018 se contaban 50 mil 637 personas reconocidas como población étnica, es decir, ciudadanos que pertenecen a la comunidad indígena, afro y ROM o gitana, en comparación con la cifra de 2005 se tiene un descenso del 19,1%. Las etnias que hacen presencia en el territorio son Pijao, Nasa, Embera e Inga.

Según el reporte del Cere se tienen registradas 204 comunidades ubicadas en 16 municipios y hacen mayor presencia en Coyaima, Ortega, Natagaima, San Antonio, Ataco, Planadas y Chaparral.

En las comunidades afrodescendientes hay una población de cinco  mil 207 personas, se incluyen palanqueros de San Basilio, raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Y de ROM 161 ciudadanos de los clanes Bolochok, Churon, Greco y Mijay.

En las comunidades indígenas la cobertura de servicios dice que el 94,7% tiene acceso a la electricidad, el 63.8% tiene acueducto, 31,9% alcantarillado, 30,9% cuenta con gas natural y 32,3% recolección de basuras y 7.5% puede acceder a internet.

Actualmente, algunas estarían teniendo dificultades porque su ingreso principal depende de las actividades agropecuarias informales, labor que se ha visto afectada por el confinamiento.

Entre las recomendaciones está la necesidad de organizar acciones especiales para las comunidades étnicas, “que impliquen planes de prevención y atención con enfoque diferencial”, también, se debe adelantar una recolección de datos y hacer un análisis con enfoque diferencial de la pandemia “para la toma de decisiones e informar futuras crisis frente a comunidades indígenas, afros, raizales y ROM”.

De la misma forma se recomienda a la Secretaría de Inclusión Social que para el caso de las comunidades indígenas debe tener en “la medicina tradicional, y deben consultar y considerar el consentimiento previo e informado de esos pueblos con miras a la elaboración de medidas preventivas para frenar el Covid-19”.