Un grupo de docentes provisionales de Planadas se reunió recientemente con el comisionado de la Verdad, Carlos Ospina, para expresar la preocupación que tienen por la pérdida de su trabajo, pues sus plazas fueron entregadas a otros docentes a través de un concurso de méritos que, en su momento, generó cuestionamientos.

Además de ello, buscan que los maestros también sean reconocidos como víctimas del conflicto, pues tuvieron que afrontar junto a sus estudiantes, el dolor de los enfrentamientos entre Estado y la entonces guerrilla de las Farc.

En este espacio también se contó con la presencia de la procuradora Regional del Tolima, Valentina Mahecha, quien junto al Comisionado, conocieron algunas de las historias que están guardadas en la memoria de los maestros, por lo que ambos estuvieron de acuerdo en que deben ser reconocidos como parte del conflicto.

Reclamación

La docente Judith Rodríguez de la I.E. Técnica Los Andes, contó que de este proceso de reclamación surgió un colectivo de maestros que está tocando todas las puertas que sean posibles, pues les parece injusto que su dedicación y esfuerzo para enseñar en medio de la violencia, se retribuya con la pérdida de su trabajo.

Agregó que la Procuradora, “nos escuchó y dice que ella va a ser mediadora y llevará esa voz hasta las últimas instancias, para que seamos reconocidos como víctimas del conflicto.  El comisionado Carlos Ospina nos entregó un distintivo para decirnos que nos tienen en cuenta y reconocer el trabajo como mediadores con estos niños.

“Porque en el tiempo de la violencia, ¿quiénes estaban con los hijos de los campesinos?, nosotros los maestros. Aunque digan que no, somos víctimas del conflicto”, comentó.

Lo que no se estaría teniendo en cuenta 

Justamente, en una intervención de Mahecha durante la reunión, se indicó que los docentes tienen razón, pues en el decreto 882 de 2017 del Ministerio Nacional que establece las normas para el ejercicio docente en zonas afectadas por el conflicto armado, se señala en uno de los parágrafos que entre los requisitos está la acreditación de la experiencia docente adquirida en las regiones de conflicto armado, el domicilio de los aspirantes y la declaración de víctima otorgada por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Comentó que cuando se menciona el domicilio de los aspirantes, se entiende como el lugar en que se vive desde antes del concurso y no salir a buscar el arraigo después. “Este reclamo es sentido (por los docentes), no obedece a un interés personal (…) esto tiene que ver con la comunidad, con que ustedes son los de aquí y están velando por el futuro de los de aquí”, le indicó la Procuradora al Comisionado. 

Agregó que efectivamente el decreto es un marco que se debe seguir a la hora de adelantar estas convocatorias y que la idea es revisar si el concurso coincide con el decreto de 2017.

Voces silenciosas

La profesora Judith comentó que los que se quedarán sin trabajo son más de cien docentes de Planadas, Ataco, Rioblanco y Chaparral, profesionales que llevan más de 10 años ejerciendo en la zona, muchos quedaron marcados por diferentes situaciones.

Una de esas anécdotas narradas por los maestros, es la historia de una menor de 12 años que abandonó la escuela. Cuando se volvió a tener noticias de ella se conoció que había tomado la decisión de unirse a la entonces guerrilla de las Farc. Una de las maestras que tenía cercanía, se enteró que la niña murió en la confrontación que dejó muerto a alias ‘Alfonso Cano’.

“Su padres tuvieron que irla a recoger por pedazos. Para uno es frustrante (…) traté de hacer muchas cosas y no la pude rescatar en el momento, son cosas que lo marcan a uno”. 

Otro hecho es el de una ‘profe’ que para defender su escuelita tuvo que quitarle la camiseta blanca a un niño para ponerla en una guadua como símbolo de neutralidad y territorio de paz.

Desde Simatol

William Polo, presidente del sindicato Sutet – Simatol, explicó que en este momento el proceso va en la verificación de las hojas de los aspirantes que pasaron el concurso para conformar la lista de elegibles, también, se está pendiente de las respuestas a las reclamaciones.

Mencionó que este es un problema social, económico y laboral, a lo que se sumaría una desmejora en la calidad educativa “esos profes llevan tiempo superior a los 15 o más de 20 años, en ese sentido es una situación bastante lamentable, bajo las condiciones del concurso y sobre todo que eso se soporta en la Constitución Política.

“Es complicado, porque en el acto legislativo que generaron entre las Farc y el Gobierno (nacional) no se tuvo en cuenta un tratamiento especial real para los compañeros”.

Y es que la situación es muy compleja, porque serán decenas de familias las que se queden sin ingresos y algunos profesores que están cerca a jubilarse quedarán en incertidumbre. “Nosotros le hemos pedido al Gobierno departamental que cumpla con un acuerdo nacional que se hizo entre Fecode y el Ministerio de Educación, el cual consiste que en la medida en que haya plazas vacantes en otra parte de los 46 municipios del Tolima, (se tenga en cuenta) a algunos de los docentes que se quedarán sin su puesto de trabajo y se reubiquen”.

En este tema está pendiente que la Secretaría defina los criterios con los que se hará la reubicación para los casos que se pueda.

Ante el panorama lo que queda es buscar con el Gobierno nacional las garantías para los afectados y que no queden a la deriva. “El sindicato ha estado presente en todo el proceso, haciendo acompañamiento con los profesores y adelantando gestión con Fecode, el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional del Servicio Civil y con otras entidades”, precisó Polo.