Dicho proceso se abrió en marzo de 2019, después de efectuarse en 2018 por un ‘error involuntario’ de Legro, el doble pago de medicamentos no POS a IPS Hospital, que superó los dos mil millones de pesos. 

La Procuraduría valoró que Diego Fernando Barrios Moreno, director Administrativo de la Corporación IPS Hospital, haya informado a la Secretaría de Salud que el pago ya se había hecho y solicitó la corrección del error por medio de un ‘cruce’ con las facturas que no habían sido pagadas.

Se tuvo en cuenta que para esa fecha (julio de 2018), la Gobernación le adeudaba a la Corporación un valor de $6.929’086.878, de los que ya se encontraban cancelados hasta ese momento tres mil millones.

“El cruce de cartera acordado fue materializado por medio de la resolución 02559 del 23 de agosto de 2018, descontando la suma de $1.033.681.448 cancelado doblemente a la Corporación El Hospital IPS, del valor facturado por servicios de eventos no POS durante los meses de noviembre, diciembre de 2017, marzo, abril y mayo de 2018, quedando un saldo por pagar de $119.512, cuyo reconocimiento se efectuó en ese mismo acto administrativo”, menciona el fallo.

Por lo que se declaró que al no establecerse que hubo detrimento patrimonial para la Secretaría Departamental de Salud o la Gobernación del Tolima, la entidad territorial se inhibiera de adelantar el proceso de responsabilidad fiscal.

Las facturas no estaban cargadas

Además, se tuvo en cuenta que al no estar cargadas digitalmente las actas de las facturas en mención como auditadas y pagadas en la plataforma correspondiente, quedó en el listado de las facturas pendientes de trámite, “razón por la que al efectuarse un nuevo proceso para el reconocimiento y pago de facturas, la plataforma las arrojó por segunda vez, sin emitir ningún tipo de alerta que advirtiera a los demás funcionarios que intervienen en el trámite sobre su situación real (pagadas) o detectar la inconsistencia presentada”.

Por dichos motivos, la Procuraduría determinó que “con base en lo expuesto a lo largo de la presente providencia, no se encuentra evidencia que a la luz del derecho disciplinario comprometa la responsabilidad de los investigados en las conductas presuntamente irregulares que se investigaron, por lo que tampoco está objetivamente demostrada la falta disciplinaria al carecer de los elementos constitutivos de tipicidad, culpabilidad e ilicitud sustancial, ni se les puede identificar como autores de la misma”.

Y resolvió que no existe un mérito para formular pliego de cargos, ordenando la terminación de la actuación y en consecuencia disponer al archivo definitivo el proceso disciplinario.