El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, remitió copias a la Fiscalía General de la Nación del expediente de la acción popular que busca amparar los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública de los habitantes de Villarrica.

Esto con el fin de que se investiguen las presuntas conductas punibles, que pudieran surgir en medio de un proyecto inconcluso, que tiene como propósito un acueducto que brinde agua potable a los residentes de esta población del oriente.  

La decisión del Juez surgió como respuesta a la solicitud que hizo el Procurador Judicial II, Ambiental y Agrario, Daniel Rubio, en septiembre con el objetivo de que se indague una  presunta comisión de la conducta de fraude a resolución judicial, por parte de la Alcaldía de Villarrica y el Departamento a través de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat.

Petición que surgió porque a pesar de que existe una acción popular a favor, obtenida por el Ministerio Público hace 10 años, los villarricenses siguen sin acceder a agua potable.

Entre las consideraciones del Despacho estuvo que en noviembre de 2019 se impartieron varias órdenes a la Alcaldía y a la Edat, pero después de un año, no se tenía alguna prueba de su cumplimento.

Entre las tareas a cumplir estaba la de crear en conjunto y con recursos del Plan Departamental de Aguas o propios de Villarrica o de la Administración seccional, un plan de contingencia para poner en funcionamiento la planta de tratamiento que existe en el Municipio, y en la que ya se habrían invertido más de $2 mil millones.

También se solicitó gestionar y presentar “ante entidades gubernamentales o privadas competentes, la respuesta a las observaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda con respecto a la Optimización del Suministro de Agua para el acueducto de Villarrica”.

Y luego de establecerse un desacato en noviembre de 2019, por parte del entonces alcalde Arley Beltrán y el gerente de la Edat, Jhon Jairo Sánchez, en enero de 2020 la Procuraduría solicitó a las entidades accionadas un informe del Índice de Riesgo para la Calidad de Agua Potable, Irca, y del Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo, Iraba, para el casco urbano con corte al 31 de diciembre de 2019, datos que tampoco llegaron.

En la lista de pendientes que tiene el Juzgado por parte de los accionados, está el ajuste de los planes de rediseño del proyecto y el presupuesto actualizado de los nuevos componentes a construir, un balance de las obras que ya están ejecutadas y las que faltan, al igual que, la respuesta al interrogante de si actualmente se brinda o no de manera permanente agua potable a los habitantes del casco urbano de Villarrica,

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la necesidad apremiante de garantizar un servicio de calidad a los habitantes, el proceso fue enviado a la Fiscalía General.

Esta sería la segunda institución que entra a investigar el caso, pues en 2019 se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación para que revisara y detectara las posibles conductas sancionables disciplinarias, en que pudieron haber incurrido los funcionarios que representan a la Alcaldía de Villarrica, la Gobernación del Tolima y la Edat, desde la sentencia de la acción popular conocida en abril de 2010.

Se continúa sin pólizas

Hace siete años en Villarrica inició el proyecto que tenía como fin la optimización del suministro de agua; sin embargo, al culminar el 2020 se sigue teniendo una obra suspendida, inconclusa y deteriorada que contó con un presupuesto de arranque de mil 833 millones 382 mil pesos, cifra a la que se suma una adición presupuestal de $866 millones.

Entre las gestiones adelantadas este año y que fueron expuestas por la Edat se cuenta que el 17 de junio el contratista encargado de la obra, radicó una segunda reformulación ante dicha entidad, luego en septiembre se llevó al Ministerio de Vivienda, igualmente, se logró obtener la escritura pública del predio, donde se proyecta construir la planta de tratamiento para el acueducto.

Otro de los ‘enredos’ de la obra, es que las cuatro pólizas que lo amparaban se vencieron. En su momento, esta redacción precisó que contaba con una de cumplimiento que iba desde el 16 de diciembre de 2013 hasta el 14 de agosto de 2016, la segunda de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que tenía vigencia desde el 16 de diciembre de 2013 hasta el 14 de abril de 2019.

La tercera de Estabilidad de la obra, que iba del 16 de diciembre de 2013 hasta el 28 de enero de 2019 y una cuarta corresponde a Responsabilidad extracontractual que tuvo vigencia hasta el 14 de abril de 2019. 

Sobre este aspecto, el Juzgado conoció que una vez los encargados del proyecto hicieron las consultas respectivas a diferentes aseguradoras, no había sido posible concretar alguno de los amparos solicitados, “por lo cual el contratista deberá presentar una alternativa de amparo del contrato, en el evento de ser aprobada y suscrita la segunda reformulación”.

DATO

A comienzos de octubre, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, José Luis Acero, señaló en diálogo con EL NUEVO DÍA que se debía revisar detalladamente la reformulación de la obra y que el Gobierno nacional busca evitar que se convierta en un ‘elefante blanco’.