La ‘resurrección’ de la sede El Limonar del H. Federico Lleras Acosta

Después de pasar seis años con sus puertas cerradas, estar en un proceso de subasta por varios meses y convertirse en una ‘papa caliente’ de la que nadie quería hacerse cargo, el Covid-19  terminó brindándole una segunda oportunidad a ‘El Limonar’ tras una fuerte gestión administrativa.

En marzo ante la llegada del virus al país, la mayor preocupación era la falta de Unidades de Cuidado Intensivo, por lo que se inició a evaluar el estado de la infraestructura. Tras adelantar adecuaciones e inversiones se logró poner en funcionamiento la sede alterna del ‘Fedelleras’.

Desde mayo empezó a funcionar una Unidad de Cuidados Intensivos especial para pacientes Covid con 43 camillas, 10 camas UCI y un equipo de rayos X y de examen de pulmón, servicios que quedaron distribuidos entre el segundo y tercer piso. La inversión inicial fue de $4 mil 412 millones por parte del Gobierno departamental y mil 700 millones fueron aportados por el centro hospitalario.

En la actualidad se cuenta con una estructura que tiene en el tercer piso 20 camas UCI, en el cuarto 40 camillas de expansión y en el quinto se adelanta una remodelación para la instalación de 26 camas UCI y 24 de hospitalización, a lo que se le suma la implementación de tres quirófanos.

Otras apuestas están orientadas a la remodelación del sexto y séptimo piso, áreas en las que se instalará más camas UCI y de hospitalización más una Unidad de Cuidados Paliativos.

Además de ello, en los hospitales de segundo nivel del departamento, también, se instalaron camas UCI con el apoyo del Ministerio de Salud. La inversión a la red pública hospitalaria se estima en $136 mil millones.

Prolongado encierro

El 2020 estuvo marcado por largos periodos de confinamiento y distanciamiento social. En el Tolima las primeras directrices se conocieron en el sector educativo a mediados de marzo, cuando el Ministerio de Educación ordenó a los colegios oficiales suspender las clases y lo que se pensaba iba a ser una medida de dos semanas, terminó convirtiéndose en permanente para los estudiantes de primaria y bachillerato. Se estima que fueron 147 mil niños y adolescentes los que dejaron de ir a las aulas.

A medida que pasaron los días, las restricciones aumentaron y el departamento se fue cerrando con el objetivo de evitar la llegada del Covid-19 a los 47 municipios. Entre las medidas de los alcaldes estuvo el bloqueo de fronteras, los toques de queda nocturnos, ley seca y la prohibición de reuniones en las que hubieran más de 20 personas, entre otros, asimismo, se incluyó el cierre hotelero.

Por su parte, el gobernador Ricardo Orozco Valero, expidió en su momento varios decretos que tuvieron alcance regional como restringir la movilidad a los adultos mayores y a menores de edad. Asimismo, se declaró la calamidad pública y la emergencia sanitaria en el Tolima por seis meses, inicialmente.

Y fue a partir del puente festivo del 20 de marzo que se paralizó el Tolima. Luego, desde el 23 de marzo se inició un periodo de cuarentena que se planteó inicialmente por 19 días, pero tras un mandato del Gobierno nacional se convirtió en un aislamiento preventivo que duró seis meses.

La hidroeléctrica que no fue

La idea de construir una Pequeña Central Hidroeléctrica para la generación de energía a filo de agua sobre el río Totare en el norte del Tolima, quedó suspendida luego de que Cortolima revocara la licencia ambiental a través de la resolución 1042 del 23 de julio, la decisión fue celebrada por los  ambientalistas y duramente cuestionada por los dueños del proyecto.

Entre los argumentos de la autoridad ambiental encabezada por la directora Olga Lucía Alfonso, estuvo que la Sociedad Hidrogeneradora Pijao S.A.S., no completó 16 requerimientos técnicos exigidos relacionados con distintos componentes ambientales, a lo que se le sumó falta de información y la entrega de varios soportes.

En su momento, Alfonso explicó que la información faltante era importante para definir los impactos ambientales que podía generar el proyecto. Ante la incertidumbre, decidió dar un revés a la decisión que había tomado la misma CAR en octubre de 2019 bajo la dirección de Jorge Enrique Cardoso.

Este proyecto estuvo envuelto en medio de fuertes críticas y cuestionamientos, por parte de sectores políticos, grupos ambientalistas y sociales, pues los permisos ambientales tenían una vigencia de 20 años prorrogables. A lo que se sumó una polémica, porque Daniel Iván Benítez Mallarino, representante de ‘Hidrototare’ era el suegro del actual ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, lo que generó suspicacias de posibles favorecimientos.

Por su parte, Benítez le salió al paso a la situación manifestando que cumplieron todos los requerimientos técnicos exigidos, que fueron ocho años de trámite pero terminaron en medio de una pelea política, haciendo referencia a los conservadores y liberales.

También, indicó que no tenía ninguna relación con el exdirerector de Cortolima Jorge Enrique Cardoso  y menos había influido políticamente, para su contratación en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, entidad que está a cargo de Minvivienda.

Mina de oro en Ataco, frenada por las comunidades indígenas

A comienzos de este año, se conoció un proyecto minero en Ataco a cargo de la empresa Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S., que tiene como propósito la explotación de oro a cielo abierto en inmediaciones del río Saldaña.

La noticia cayó por sorpresa entre sus habitantes, pues hasta febrero se enteraron que Cortolima entregó la licencia ambiental días antes a la salida del director Jorge E. Cardoso, mismo funcionario que en 2018 hizo oposición ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para que se entregara a la compañía Minera Ataco S.A.S los permisos ambientales para explotar oro en el sector Ambulo de la vereda Apone.

Luego a mediados de año un grupo de ciudadanos encabezados por el exgobernador Eduardo Aldana y el exministro Carlos Gustavo Cano, interpusieron en contra de Cortolima y el proyecto, una acción de tutela para que se suspendiera la explotación al considerar que hubo irregularidades en la expedición de la licencia ambiental.

Sin embargo, en una primera instancia el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué la declaró improcedente. Los tutelantes procedieron a la impugnación ante el Tribunal Administrativo del Tolima quien reiteró la decisión del Juzgado porque no se demostró que la actividad minera afectaba negativamente los afluentes de la zona ni la ribera del río Saldaña.

Y, en septiembre, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva ordenó la suspensión de los efectos de la licencia ambiental entregada a Ingecol hasta tanto se verifique si en el área de influencia de explotación había o no presencia de comunidades indígenas, teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Tierras reseñó la presencia en los límites de la vereda Apone  de la comunidad Pijao Calapicá Ambulu.

Finalmente, Cortolima entró a suspender las actividades mientras el Ministerio del Interior confirma si hay o no presencia indígena.

Una educación ‘desconectada’

La pandemia mostró crudamente la brecha tecnológica que hay en las zonas rurales del departamento, implementar la educación virtual durante el año fue todo un ‘vía crucis’ para estudiantes y maestros. Aplicaciones móviles como WhatsApp y las redes sociales se convirtieron en herramientas clave.

Además de los temores propios que generó el virus, tuvieron obstáculos como el alto déficit en cobertura digital, falta de aparatos electrónicos para acceder a la información y problemas de servicio eléctrico. Otra de las limitantes fue la distancia territorial, pues miles de menores viven en veredas que en ocasiones tienen vías intransitables

A comienzos de abril, William Polo Arango, presidente del Comité Ejecutivo de Maestros del Tolima Sutet – Simatol, expresó que había que reconocer la falta de conectividad estaba incluso en las goteras de Ibagué. Veredas como Juntas, Villarrestrepo, Totumo y la Martinica, San José de la China, tienen fallas incluso con la señal de telefonía móvil.

Otro municipios que fueron calificados como críticos por el representante de Sutet – Simatol fue la vereda Las Pavas en Villahermosa, por el lado de Planadas la zona de cordillera, El Rubí y Gaitania, en Ataco la sede central de la I.E Antonio Nariño en Paujil a tres horas del casco urbano.

La premura de llevar conocimientos a todos los rincones del departamento generó que los docentes se apoyaran con textos, cartillas y guías, metodología que se estructuraron en un escenario de aprendizaje autónomo con una retroalimentación final con el maestro.

Otra ayuda clave en medio de todas las necesidades del sector educativo, fueron las asociaciones de padres, los presidentes de juntas de Acción Comunal de veredas y barrios, también, los lecheros y encargados de transportar alimentos a las veredas más apartadas.

No obstante, el complejo panorama hizo que los niños y niñas, que vivían en zona de cordillera, se convirtieran en ‘cazadores de internet’, pues diariamente debían caminar por varios minutos u horas, para encontrar un lugar en el que sus dispositivos móviles recibieran la señal para hacer llamadas y conectarse a la red.

En medio de la situación la docente Judith Rodríguez Santos, de la I.E. Los Andes sede La Granja, en Planadas, además de motivar a los estudiantes para que no desertaran se dio a la tarea de liderar una campaña para la recibir donaciones de aparatos tecnológicos, llamado que tuvo la respuesta de varios ciudadanos. Judith es solo un ejemplo, de todos los docentes que se las ingeniaron diariamente para ayudar a los menores a seguir conectados con la educación.

Cultivo de aguacate hass en ‘blanco y negro’

Durante los últimos años, el aguacate hass se consolidó como una fruta apetecida en el mercado anglo y europeo, lo que generó la consolidación de asociaciones en diferentes partes de la región y una oportunidad económica para decenas de familias que viven en poblaciones como Fresno, Casabianca, Palocabildo, Cajamarca y Herveo.

Sin embargo, así como genera posibilidades de progreso, se puede generar una problemática ambiental si no se pone límites a las plantaciones, como está ocurriendo en Cajamarca. Durante este año, fueron varias las denuncias ciudadanas que se originaron allí, por la tala de árboles y el daño ocasionada a las palmas de cera, prácticas inadecuadas con la que multinacionales extranjeras buscarían abrirle paso a las ‘malas’ a la plantación, sin importar el desequilibrio ambiental que pueden ocasionar.

Esta redacción también expuso las denuncias públicas hechas por el diputado Renzo García, en las que señaló la quema de varias hectáreas boscosas, en donde crece la palma insignia. En ese instante, el hecho prendió las alarmas de habitantes y ambientalistas.

A la par, también están llegando conflictos sociales pues se registra un aumento en la compra de predios, especialmente, en sectores como La Leona, La Cucuana, parte del Águila, al igual que, en sectores como Recreo Bajo y Recreo Alto, áreas ubicadas el Cañón de Anaime y que son ampliamente reconocidas por su alta productividad.

Otro de los riesgos y temores de los habitantes, es que la llamada ‘Despensa agrícola’, conocida así por su potencial productivo, termine convirtiéndose en un distrito aguacatero. Algunos ambientalistas y cajamarcunos ven el hecho como la ‘mala herencia’ que les dejó la multinacional Anglogold Ashanti desde el 2010, época en la que buscaba adelantar trabajos de exploración en ‘La Colosa’.

El histórico deterioro vial

Una de las debilidades que se mantienen en el Tolima son el mal y hasta el crítico estado de las vías veredales. A pesar de que la región tiene tierras fértiles, los campesinos y agricultores pasan serias dificultades a la hora de mover sus productos, especialmente, en época de invierno.

Durante el segundo semestre, se generaron varias alertas por lluvias, este fue el caso de Rioblanco que estuvo colapsada por derrumbes, la vía secundaria que conduce al corregimiento de Herrera y la que conecta con Chaparral.

En Fresno se declaró la emergencia vial porque el invierno generó estragos que terminaron repercutiendo en el corregimiento el Tablazo y sus 15 veredas, al igual que, Betania en donde también quedaron aisladas 11 veredas.

Pero una de las mayores problemáticas en esta materia, la vivieron los habitante de Riomanso y veredas aledañas en Rovira, cuando las fuertes lluvias originaron más de 60 derrumbes en la zona, daños en fincas, viviendas, acueductos veredales y la caída de parte de la banca de la vía que conduce a Riomanso.

Sin olvidar que un alud de tierra cubrió todo el centro del caserío de Puente Tuamo. Durante la emergencia, la Alcaldía pidió apoyo a la Gobernación del Tolima y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. La situación originó una declaratoria de calamidad pública.

Otras emergencias se registraron en Líbano a comienzos de año, en su momento el mandatario Jesús Antonio Giraldo, contó que se tenían problemas de movilidad en San Fernando, San Jorge y Santa Teresa, zonas reconocidas por su importante producción agrícola.

Comportamiento del coronavirus

Las alarmas por el Covid-19 se encendieron en el Tolima a mediados de marzo, sin embargo, las medidas adoptadas y las restricciones generaron que fuera julio el mes en que se registrara un acelerado aumento. En ese momento las estadísticas empezaban a dejar conteos diarios por encima de 100 pacientes y se pasó de tener 14 muertos en lo corrido de tres meses a 30 en solo mes.

Septiembre fue uno de los meses que generó tranquilidad, pues a pesar de que se contabilizaron 5 mil 194 nuevos contagios, el número de recuperados estuvo por los seis mil. Sin embargo, las autoridades de la salud seguían llamando la atención para no bajar la guardia y mantener controlado el virus.

Cabe resaltar que del total de municipios, Murillo y Roncesvalles se mantuvieron sin casos hasta noviembre.

Pero el desorden social y la posición de relajamiento que adoptó gran parte de la ciudadanía originó que desde finales de octubre, la Secretaría de Salud Departamental fuera quien manejara las camas UCI tanto en el sector oficial como el privado.

Esta situación fue la antesala de lo que se vive en el Tolima al cierre del 2020, pues al 29 de diciembre la ocupación UCI estaba en un 96,35%, se contaban más de 200 médicos incapacitados, falta medicamentos y una alerta en diferentes hospitales.

Al 30 de este mes, se contaba un acumulado de 43 mil 693 contagios, 40 mil recuperados y mil 244 fallecidos. Por su parte, varios alcaldes dejaron para último minuto la expedición de decretos con medidas y restricciones especiales para el puente de fin de año.

Las ‘perlas’ que tuvieron que vivir los ‘héroes’ de la salud

Aunque con la pandemia se movieron millonarios recursos para el sistema de salud, hubo algunos hospitales en los que sus trabajadores tuvieron que lidiar con una marcada crisis económica, como ocurrió en el hospital Reina Sofía de España en Lérida, allí los empleados de planta y contratistas tuvieron que afrontar la crisis generada por el Covid-19 con sueldos pendientes de pago, primas, bonificaciones, entre otros compromisos labores atrasados.

Fue hasta mayo, cuando llegó el terapeuta respiratorio Hernán Pacheco, en reemplazo de Fanny Gómez a la gerencia, que se empezó a notar un acercamiento e interés por parte del gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, para ayudar a sacar adelante el centro hospitalario de segundo nivel que a comienzos de diciembre registraba un déficit por encima de los $6 mil millones.

Otras cifras revelaron que le debían al hospital $3 mil millones, de dicho valor según el Gobernador solo sería posible recuperar mil 500 millones de pesos, por lo que se mantendría un ‘hueco’ financiero de $3 mil millones, faltante que buscará cubrir el Departamento con recursos propios.

Y luego de un proyecto de acuerdo que pasó el mandatario seccional a la Asamblea, se logró hacer un giro al centro hospitalario por mil 500 millones, recurso que cubrió salarios atrasados.

El compromiso de Orozco Valero fue que a comienzos de 2021 se revisará nuevamente el presupuesto, para hacer un nuevo esfuerzo económico que permita cubrir deudas de personal.

En Villarrica los trabajadores del hospital La Milagrosa además de unirse al paro nacional que se programó a mediados de noviembre, decidieron emitir su voz de protesta por la crítica situación que estaban atravesando la entidad de primer nivel.

La crisis incluía atraso en el pago de salarios, primas de servicios y dotaciones, hasta un proceso de embargo de cuentas bancarias.

Otros hechos que rodearon al sector en plena pandemia fue el despido masivo de trabajadores en los hospitales San Juan Bautista de Chaparral, Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación y San Juan de Dios en Honda, desvinculaciones laborales que se originaron con el cambio de gerencias en mayo.

Intereses canadienses en Falan

Un ambicioso proyecto minero busca desarrollarse en Falan, norte del Tolima. A diferencia de hace tres siglos con las minas reales de Santa Ana que eran administradas y explotadas por España, ahora el interés extractivo es canadiense y va orientado a oro y plata de alta calidad. El hecho encendió las alarmas entre la comunidad, pues teme por los daños ambientales y sociales que pueda traer.

En indagación de EL NUEVO DÍA y el Comité Ambiental de Falan, se pudo conocer que detrás de esta propuesta están las empresas canadienses Outcrop Gold Corp., que promociona el proyecto San Ana como promisorio.

También está Miranda Gold Colombia, según información suministrada por Cortolima al Comité Ambiental, actualmente, se encuentra adelantando actividades de exploración minera en la vereda La Lajosa.

También, está la Sociedad Lost City S.A.S. dedicada a la extracción de oro y materiales preciosos.

En información de la Agencia Nacional de Minería, ANM, se precisa que actualmente tiene concesionado el título minero JFG – 08181, y el contrato integrado que está vigente, involucra 3 mil 528 hectáreas distribuidas en dos zonas, pero actualmente la zona de exploración sería sobre 600 hectáreas.

Polémica por el TUA

Una fuerte polémica que tuvo connotación nacional se originó con el cobro que hizo Cortolima de la Tasa de Uso de Agua, TUA, a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Saldaña, Usosaldaña.

Desde agosto la gerente del distrito, Sandra Milena Conde, empezó a buscar las vías para evitar una tarifa, que en su percepción fue desmesurada, pues el aumento en comparación con el 2019 fue mayor al 450%.

Entre las acciones emprendidas en contra de la autoridad ambiental, estuvo una acción de tutela, que finalmente no prosperó, asimismo, se buscó la intermediación de la Procuraduría, a pesar de ello, la directora de la CAR, Olga Lucía Alfonso, se mantuvo en que era un cobro basado en los lineamientos establecidos desde el orden nacional y simplemente se limitó a seguirlos.

Finalmente, una carta de la Federación Nacional de Arroceros, la intermediación del Ministerio de Agricultura y del sector político, desde el senador Miguel Barreto, se sumó a una petición directa al presidente Iván Duque, acciones que lograron que el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa Escaf, emitiera una circular en la que les recordó a las CAR cómo debería facturarse el TUA, tributo que tiene como fin la protección de las fuentes hídricas, el anuncio terminó beneficiando a Usosaldaña.

Fallo histórico

En abril el Tolima fue escenario del primer fallo de tutela que protege los derechos fundamentales del perro Clífor. Enrique Arango, el abogado que llevó el caso, explicó que el proceso surgió porque el canino sufría de epilepsia idiopática, enfermedad que solo podía ser controlada con Fenobarbital, un medicamento del monopolio del Estado.

En este caso, la única entidad autorizada para venderlo era la Secretaría de Salud Departamental, pero en junio no se pudo conseguir el medicamento porque no había atención al público debido al Covid-19.

Ante la necesidad, se instauró una acción de tutela argumentada en el concepto de multifamilia, por lo que se manifestó que la familia de la propietaria, que estaba compuesta por ella y el perrito, estaba ante el peligro de extinguirse ya que era muy posible que Clifor muriera.

El juez hizo un estudio de las multiformas de familia en las que efectivamente dice que a todas se les debe garantizar y proteger ese derecho fundamental, asimismo, señaló que se debía garantizar el derecho a la supervivencia del perrito, es decir, la vida de Clifor. En su momento el litigante explicó que en el ordenamiento jurídico es un gran avance y un hecho histórico.