La Contraloría del Tolima adelantó auditorías especiales en Alvarado y Anzoátegui para las vigencias 2018 y 2019 respectivamente. En cada uno de los casos, la revisión dejó hallazgos fiscales que superaron los 400 millones de pesos y un concepto deficiente para las administraciones municipales en áreas como control fiscal interno y en lo presupuestal, al igual que, lo contable.

Las posibles irregularidades en Anzoátegui

En el caso de esta población, la auditoría se hizo sobre la vigencia 2019, es decir, año en que el alcalde era Óscar Tovar. Según la información del ente de control, durante ese tiempo se celebraron 178 contratos que sumaron $14 mil 427 millones 614 mil.

Para el análisis fiscal se tomó una muestra de 18 contratos que ascendieron a $4 mil 165 millones 123 mil.

En dicho ejercicio de control, se establecieron seis hallazgos administrativos, cuatro con un alcance fiscal de $419 millones 491 mil 414 y cinco disciplinarios.

Además se precisa en el informe, que al evaluarse el mecanismo de control fiscal interno, al parecer solo se limitó a hacer un seguimiento a la publicación de los contratos en los diferentes portales públicos que establece la ley y aunque implementó “acciones propias de su competencia, las mismas no son lo suficientemente efectivas, por lo cual se conceptúa que el control fiscal interno es con deficiencias”.

Y los cuatro contratos que generaron un posible daño al patrimonio de Anzoátegui, son la compra de combustible como gasolina y Acpm por un valor de $257 millones 147 mil, en este caso la diferencia entre las cuentas fue de $13 millones 228 mil, pues se habría suministrado combustible “a vehículos que no se relacionan como parte del parque automotor del municipio y la maquinaria para 2019”. El hecho también generó una incidencia disciplinaria.

De otro lado, en mayo de ese año la Alcaldía contrató la prestación de servicios de asistencia y atención para los adultos mayores por $189 millones 603 mil, valor al que se le adicionó $46 millones 347 mil. Los recursos provinieron del Fondo Legal Estampilla – Pro Centros de Bienestar a la tercera edad e inversión desahorro Fompet, grupos vulnerables, asistencia y atención integral a grupos vulnerables.

En este caso se precisó que el auditor que llevó el caso “no le fue posible identificar y revisar de forma integral los soportes que respaldaran el cumplimiento del contratista en cada una de las obligaciones contractuales (...)” y se señaló que hubo falencias por parte del supervisor del contrato.

Ante los hechos, se habría generado un daño a las arcas de Anzoátegui por $234 millones 670 mil.

Asimismo, se revisó la contratación de servicios técnicos, administrativos y financieros para fortalecer el internado del Palomar con la Fundación para el Desarrollo Armónico y Social del Tolima, Fundasto, con recursos del Sistema General de Participaciones. En este caso tampoco fue posible revisar de forma integral los soportes que permitieran verificar el cumplimiento.

Solo se encontraron evidencias del pago del servicio de energía por algo más de $3 millones, razón por la cual se dejó un hallazgo fiscal por $157 millones 679 mil.

Y finalmente, se evalúo la construcción de obras de estabilización y pavimentación en la vía de acceso del casco urbano, intervención que tuvo un valor de $2 mil 554 millones 641 mil, en este caso la Contraloría generó un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal.

Ello teniendo en cuenta que la Administración municipal recibió las obras sin verificar y evaluar correctamente las condiciones de las actividades ejecutadas, debido a la falta de evaluación, seguimiento y control por parte de la interventoría, lo que generó un presunto detrimento de $13 millones 913 mil 614, por cantidades de obras pagadas y no ejecutadas.

El empréstito de Alvarado

El contralor Departamental, Diego Andrés García, contó que también se hizo una revisión de los empréstitos que se hicieron en 46 municipios para las vigencias 2018 y 2019.

Para el caso de Alvarado se evaluó un crédito de $2 mil millones con el Banco Agrario, adquirido en el mandato de Emilio López. De esta cifra $500 millones se destinaron al mejoramiento y construcción de pavimento rígido de las vías de Caldas Viejo. Asimismo, $500 millones se dirigieron a la construcción de acueducto de la vereda Cabecera del Llano y Casitas.

“Se hace la auditoría, la revisión de seguimiento de la inversión de los recursos y el resultado final, después de haber dado todas las instancias procesales en materia de fiscalización, y sobre todo la inversión de los empréstitos, como deudas que hacen los representantes legales de las entidades (territoriales), se determinan unos hallazgo fiscales por más de $400 millones”.

El presunto daño patrimonial se habría dado por las diferencias entre las ejecuciones de las inversiones proyectadas y las materializadas.

Otro de los cuestionamientos de García es que se ha detectado de manera general, que en los municipios no se hace seguimiento constante a las inversiones y los Concejos están entregando autorizaciones a los alcaldes “sin el cumplimiento legal ni el cumplimiento de los requisitos exigidos”. 

Archivo - EL NUEVO DÍA. Y en Alvarado un empréstito hecho en 2018 dejó serias dudas sobre el seguimiento que se hizo a las inversiones por parte de los supervisores.