El funcionario está siendo judicializado como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterogéneo sucesivo con falsedad ideológica en documento público agravado por el uso. Ninguno de los cargos fue aceptado por el implicado. 

La investigación

Los hechos motivo de las indagaciones están relacionados con posibles irregularidades en los contratos de aporte 625 y 626 de 2017 los cuales fueron suscritos entre el ICBF y la Fundación Nawem, y cuyo valor total supera los 3.500 millones de pesos.

El objeto del contrato en ambos casos era la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en hogares sustitutos. Dicho contrato debía ejecutarse en los centros zonales de los municipios de Chaparral, Purificación, Melgar, Honda, El Espinal y Lérida.

Los dos contratos fueron analizados peritos expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos al grupo anticorrupción, quienes encontraron múltiples anomalías en la elaboración de los estudios y los análisis previos; así como en la emisión del certificado de idoneidad por parte del Director Regional del ICBF, entre otros. 

El imputado, al parecer, dio fe de que la fundación contratista tenía más de 30 años de experiencia, que contaba con la licencia de funcionamiento al momento de la expedición de la certificación y que se había comprometido con el ICBF a cumplir los lineamientos técnicos. Ninguno de estos hechos correspondería a la realidad.  

Estas acciones de la Fiscalía se dan en cumplimiento del Direccionamiento Estratégico 2020-2024 liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien es una prioridad la judicialización de los delitos relacionados con corrupción.