Durante las últimas semanas en la llamada ‘Villa de las palmas’ se vivió un fuerte pulso sobre una propuesta de Minjusticia, que muchos daban por hecha. Por ahora, se volvió a archivar la iniciativa que abría la puerta a la construcción de una colonia agrícola.

Lo que en ese momento se entendió como un proyecto viable, que tenía todo a favor para que el Gobierno nacional creara una colonia agrícola, terminó en una fuerte polémica y presión social, que recayó sobre los 13 concejales de la población.

“Me enteré el día que vino el Ministro y no por la visita, sino a través de las noticias de cadena nacional. Él estuvo el 30 de enero y nosotros iniciamos sesiones ordinarias el primero de febrero, y hasta el 28 de ese mes, fue que nos allegaron el proyecto de acuerdo”, contó la concejal Lyda Jineth Tovar Romero.

A lo que se refiere la cabildante, es que al cierre de enero los titulares de medios radiales, televisivos y escritos, anunciaron la construcción de un penal con énfasis en la producción agrícola. Según la edición del 30 de enero de EL NUEVO DÍA, el Ministro describió el proyecto como una construcción modular, con pabellones para recibir entre 800 y mil internos, dicha estructura tendría un valor cercano a los 30 mil millones de pesos.

Y pasado casi un mes, la administración local en cabeza de Cristian Barragán Correcha, solicitó facultades al Concejo para  entregar a título de donación, un predio de 25 hectáreas conocido como Arizona, aunque otros lo llaman ‘Carabineros’.

La iniciativa que se conoció como proyecto 006 del 26 de febrero, fue presentada a los concejales el 28 de ese mes, último día del primer periodo de sesiones ordinarias.

“Presentaron un proyecto para que no tuviéramos ni siquiera opción de estudiarlo, pienso que estaban muy seguros que la (propuesta) iba a pasar, se estudiara o no”, agregó Tovar Romero.

La curiosa situación obligó a que se prorrogara las sesiones, por lo que la iniciativa llegó a un primer debate a la Comisión de Plan de Desarrollo, integrada por cinco cabildantes, allí obtuvo tres votos a favor y dos negativos.

Dicho respaldo le dio paso a una segunda discusión pero en plenaria, a pesar de los argumentos del concejal ponente, estos no lograron convencer a sus colegas, al someterse a votación la propuesta, seis concejales la apoyaron y siete optaron por el no. El resultado significaba que la iniciativa de Barragán Correcha, se hundió.

Llegó mayo con un segundo ‘round’

Al iniciarse un nuevo periodo de sesiones ordinarias, el Ejecutivo radicó dos proyectos, uno consistía en la gasificación para zona rural y urbana, mientras que el segundo era de nuevo la solicitud de facultades para donar el predio.

“Se aprobó el de gasificación por los 13 honorables concejales, fue votado por unanimidad positivo, porque es un proyecto que definitivamente va a beneficiar la comunidad”, comentó la cabildante.

Luego, empezó la revisión de la segunda propuesta, el primer paso fue la Comisión Plan de Desarrollo, instancia en la que recibió cuatro votos a favor y uno en contra, por lo que le dio vía libre para llegar a plenaria el 13 de mayo.

La citación de los cabildantes se programó para las 6 de la tarde, previamente habitantes de ‘Puri’, especialmente, del corregimiento Chenche Asoleado, hicieron un marcha pacífica para expresar su desacuerdo, la movilización terminó en las instalaciones del Concejo.

Ese día, líderes de la comunidad estaban a la expectativa de exponer en el recinto sus desacuerdos con la construcción de una cárcel en zona de influencia indígena, por lo que entre los invitados estaban representantes de las comunidades étnicas.

Para la discusión, se decidió revisar cada uno de los ocho artículos que componían el proyecto y votarlos individualmente, sin embargo, la noche trajo varias sorpresas.

“Solo llegamos hasta el tercer artículo porque la sesión se salió de control, se extendió y prácticamente era la media noche y no podíamos continuar”, narró la concejal Tovar Romero.

A pesar de la hora y el agotamiento propio de la jornada, algunos de los cabildantes le propusieron a la plenaria continuar, sin embargo, la idea no recibió el respaldo que necesitaba, por lo que se acordó seguir con la discusión el sábado 15 de mayo a las 6 de la mañana.

Con el amanecer, se retomó el proceso en medio de varias ‘perlas’, que generaron una mayor tensión. “Al momento que le corresponde votar a la concejal Yuly Portela, ella da su votación y dice: “Mi voto es negativo”, pero (menciona) que debe votar positivo por la ley de bancada”, es decir, respetar el acuerdo al que había llegado su partido político Cambio Radical.

La encrucijada en la que quedó Portela y la aparente presión, generó que en menos de una hora se suspendiera por segunda vez, la votación que definía si el Concejo entregaba o no la autorización al Alcalde. Finalmente, la sesión se aplazó para el martes 18 de mayo.

Finalmente, se retomó la atípica sesión el día asignado a la 1 de la tarde. Algunos habitantes llamaron la atención porque el recinto estaba custodiado por la Fuerza Pública. Mientras desde afuera la gente pedía a los concejales que pensaran en sus electores y que no respaldaran el proyecto, adentro la balanza se empezó a inclinar hacia el no.

“Quedamos en la concejal Yuly, ella da su votación negativo y empezamos hacer mayoría, siete negativos y seis positivos de ahí en adelante con el articulado”, y antes de que el reloj marcara las 3 p.m. El proyecto del Alcalde se hundió por segunda vez.

En medio de la polémica votaron negativo, los cabildantes, Alfonso Bocanegra Andrade, Carlos Martínez Morales, José Alexander Mendoza, Yuly Paola Portela, Diana Paola Rayo Triana, Miguel Rivera y Lyda Jineth Tovar Romero.

Mientras que Ramiro Hernández Álvarez, Francisco Antonio Andrade, Sebastián Eduardo Caicedo, Daniel Francisco Murillo, Roque Otavo y Jesús Ernesto Tocora, dieron su voto positivo.

La concejal Tovar Romero agregó que este fue el pronunciamiento de la Corporación por segunda vez y que así quedó demostrado que “no está a favor de aprobar un proyecto de esta envergadura, realmente era un proyecto bastante complejo para la comunidad.

“El clamor de comunidad era uno solo y era en coro por parte de todos, era que por favor no trajeran una cárcel al pueblo, no conozco el primero que diga que vive feliz y va a comprar un lote al lado de la cárcel porque se me va a valorizar”.

En cuanto al predio, la concejal mencionó que ante las características campestres se debería plantear otras alternativas “porque no donarlo a una institución de educación superior para que se beneficien de verdad los jóvenes del municipio y las poblaciones vecinas”.

Faltó consulta previa

En este tema uno de los puntos que generó controversia es que no se tuvo en cuenta la opinión de las comunidades indígenas que están en el área de influencia del predio Arizona, ya que se considera que las 25 hectáreas hacen parte de un territorio ancestral.

Sobre el tema, algunos líderes indígenas expresaron su desacuerdo a través de redes sociales, indicando que no comprendían porque querían cambiarle la imagen a Chenche Asoleado y pasarlo de ser la cuna de los bizcochos de achira a una referencia de un centro penitenciario.

Igualmente, los representantes de las comunidades pijao Chenche Asoleados El Vergel, afiliada a la organizaciones indígena Acit, Chenche Asoleado miembro del Crit y Arenosa, radicaron un derecho de petición ante el Concejo el 11 de mayo, para que se reconsiderara la votación del proyecto.

De la misma forma, manifestaron que la iniciativa no fue socializada, ni consultada con las comunidades como lo establece la Constitución Política Colombiana.

Rigoberto Tique, presidente del partido Mais en el Tolima, explicó que el proyecto hubiera terminado impactando las comunidades Chenche Asoleados y Chenche Asoleado Vergel, “nunca se consultó con ellas, desconociendo el derecho a la consulta previa, libre e informado que establece el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo y que ratificada por la Ley 21 de 1991”.

Y aclaró diciendo que a pesar de que el predio es del Municipio, la ley señala que sí hay comunidades indígenas deben ser consultadas, “el convenio 109 establece que todo proyecto, así sea en beneficio de una comunidad indígena, debe (adelantarse) consulta previa, si sigue impactando el territorio ancestral del pueblo pijao. Eso fue lo que a las comunidades les incomodó, a la misma población de Purificación les incomodó.

“Miramos de manera razonable las cosas, no es de manera política, no politiquera, es siendo razonable”, comentó.

Tique agregó que en el concejo hay cuatro representantes indígenas y como Mais tenía un cabildante, que estuvo a favor de la propuesta.

“El día que estuvimos allá para persuadirlo e intervenir, nos dieron la participación al presidente del Mais y al diputado Marco Emilio Hincapie, una vez aprobaron la ponencia”, contó Toque.

Sin embargo, el espacio de intervención que se había asignado a Tique y al asambleísta, se sometió a  votación en la plenaria y justamente el voto del concejal Alexander Mendoza, que es del Mais, definió la solicitud, “dijo que no estaba de acuerdo en que nosotros dos habláramos, prácticamente nos cerró la puerta en la cara, dijimos qué hacemos acá, si nuestro mismo concejal no quiere que intervengamos”, precisó Tique.

El hecho de que algunos cabildantes indígenas apoyaran el proyecto, habría generado profundas molestias, pues al parecer el concejal ponente, Ernesto Tocora de la Arenosa, fue sancionado por su comunidad, situación que también le sucedería a Mendoza.   

El presidente del partido Mais, agregó que la sesión se salió de lo establecido, por ejemplo, se habían dado 15  minutos de receso para un refrigerio y se extendió a 50, lo que habría aumentado el malestar entre algunos ciudadanos que desde afuera estaban atentos al recinto, “ellos manipularon muchas cosas ahí”, comentó Tique.

Hacia las 11:30 de la noche Tique e Hincapie se retiraron, “íbamos a exponer nuestro punto de vista y nada más, porque eso le corresponde a ellos, aprobar o desaprobar la propuesta”, concluyó.

Agradecimientos anticipados

Una de las molestias de la concejal es un video del mayor general, Mariano Botero Coy, director del Inpec, en donde agradece públicamente a Purificación por la donación, “era un proyecto que ya tenían garantía que iba a pasar y no entiendo porque, si somos 13”.

En la declaración del Mayor General que se conoció previo a la votación final, expresa agradecimiento a los purificenses “por el importante esfuerzo que ustedes hacen en cabeza de su alcalde, al permitir el traslado de la cárcel de Purificación a las afueras de la ciudad, este lote que fue asignado precisamente, en él se adelantarán proyectos con vista productiva”.

Mencionó que inicialmente estarían recluidas 102 personas y que la estructura sería de baja y mediana seguridad y cerró comentando que “esperamos que este gran esfuerzo que ustedes han hecho se haga una realidad”.

Cifras cambiantes 

De otro lado Henry Vargas Morales, productor arrocero y habitante de Chenche Asoleado comentó que desde un comienzo no hubo claridad de lo que se iba a ejecutar, asimismo, recordó que se prendieron las alarmas entre la comunidad cuando el proyecto pasó de la Comisión de Plan de Desarrollo a plenaria, “hicimos una reunión veredal y con sorpresa (se dieron cuenta) que no habían socializado este proyecto. 

“También desconocíamos cómo lo iban a articular y a llegar a la comunidad, era un proyecto de gran envergadura y tampoco nos habían (explicado) el impacto socioeconómico o ambiental”, mencionó. 

Vargas recordó que varios purificenses, asistieron a la sesión de ponencia, allí oficialmente conocieron detalles sobre los objetivos que tenían la donación de 25 hectáreas del predio Arizona, como que se buscaba crear una colonia agrícola, que permitiera a través de las labores del campo reducir condena.  

Y agregó que el concejal ponente mencionó que la estructura “quedaba explícitamente condicionado para un pabellón donde iba albergar esos 150 reclusos”, no obstante, para los habitantes fue un factor de gran desconfianza el cambio de cifra que hubo entre un personaje y otro. 

Esto teniendo en cuenta que en enero, con la visita del Ministro de Justicia se expuso que el proyecto tendría capacidad para alojar hasta mil reos, en febrero cuando se hizo la ponencia por primera vez, se habría mencionado 800 y en el video que se conoció del director del Inpec, días antes de la votación final, hizo referencia a 160 cupos.

A pesar de la diferencia entre cifras, lo único en que todos concordaban era que la obra se iba a  levantar en 25 hectáreas. 

El hecho generó un fuerte debate entre la ciudadanía, pues no estaba coincidiendo parte del discurso, entre las autoridades que promovían el proyecto. 

De la misma forma, surgió la duda de si el elevado presupuesto que se estimó superior a 20 mil millones de pesos era para unas instalaciones de solo 150 cupos, cuando es de amplio conocimiento los críticos problemas que tiene el sistema carcelario en el país por hacinamiento. 

“Yo apoye al doctor Cristian Barragán, pero se le aclara es que esto no es ningún favoritismo político para nadie, nosotros queríamos era que se socializara y se llegara a un acuerdo, porque la cosa no es de imposición”.

El hombre mencionó que aunque el Alcalde considera que detrás de la controversia estaban “personajillos políticos, buscando protagonismo político, eso es falso, nosotros nos basamos en unos conceptos y estamos bien argumentados para poder desmentir cualquier propósito de crear una cárcel en nuestra vereda”.

Y recordó que en la administración del gobernador Óscar Barreto se invirtió a la vía que conduce a Chenche Asoleado, más de $8 mil millones, por lo que los habitantes quieren vender la idea de una vereda que se caracteriza por la producción de comida típica para motivar el turismo. 

En defensa del proyecto

EL NUEVO DÍA buscó vía telefónica al mandatario Cristian Barragán Correcha, para consultarle por el resultado final que tuvo su propuesta, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Aunque previo a la votación, el mandatario se pronunció sobre el tema en diferentes escenarios, el 11 de mayo convocó a una reunión para aclarar en sus palabras la “desinformación” que había surgido.

“Tenemos una cárcel de baja o mediana seguridad en donde actualmente hay 114 internos de los cuales el 50% aproximadamente, corresponde a internos de la región y el otro 50% corresponde a internos de todas las partes de Colombia”.

Agregó, que la idea de ceder un terreno para la reubicación del centro penitenciario viene de tiempo atrás, igualmente, que ya hay un ejemplo de mostrar en Acacias, Meta, sobre colonias agrícolas.

“La mayoría de ellos se dedican a varias actividades tanto del campo como artesanales. Inclusive desde allí hacen todo el tema de confección para las cárceles de Colombia, incluyendo otras actividades”.

Mencionó que en enero solo se tenía una propuesta informal, sin datos técnicos solo proyecciones basadas en una visita al predio por parte del titular de la cartera de Justicia, por lo que se calculó que se podrían construir en esa área, cuatro pabellones para albergar alrededor de 200 internos en cada uno.

“Eso fue lo que se habló inicialmente, pero todo lo definía el estudio técnico que tenían que hacer el Inpec y la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia)”. Y semanas después de la inspección, el Municipio recibió un concepto positivo, por lo que procedió a presentar formalmente el proyecto ante el Concejo.

En ese instante Barragán mencionó que la idea no era “llevar las cosas a las malas” y que la discusión de entregar el predio o no al Inpec, solo debía hacerse en la Corporación, “porque ellos son los concejales, a ellos fue los que se les presentó el proyecto de acuerdo, no fue a los ciudadanos y ese es el deber ser, allá los (cabildantes) tendrán a bien si aprueban o no el acuerdo”.

Y agregó “si de aquí a mañana los honorables concejales no quieren este proyecto, no hay problema, no se preocupen esto no es del alcalde, pero ellos son los que toman la decisión, la facultad la tienen ellos por derecho constitucional, allá es donde se deciden las cosas, (…) a lo que voy es que no llevemos este debate del Concejo a las calles”.

Asimismo, precisó que la construcción no se iba a poner “a mitad del caserío” sino en los límites de Chenche Asoleado.

“Si es un tema personal o político, sé que detrás hay de eso también, temas personales y políticos, (pero) no se presten para eso. Si de verdad dicen querer a Purificación y a su región, hagamos equipo (..)”

En medio de las intervenciones ciudadanas, se conoció que se recogieron 430 firmas en Chenche Asoleado porque no estaban de acuerdo, también, se mencionó la falta de socialización, las dudas de las impresiones de quienes hablaron del proyecto y también aclararon que no era un tema político, lo único que les preocupaba era el impacto social.

Mientras que otros participantes como Rafael Vargas, presidente del acueducto de Chenche Asoleado expresaron que el proyecto era una oportunidad para la  generación de empleo y aumentar la seguridad en la zona y Pilar Aroca, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ilarco, mencionó que la cárcel iba hacer agrícola, asimismo, expuso que la zona es vulnerable al hurto de semovientes y robos en la vía. Coincidió en que la obra traería beneficios y podría generar oferta de empleos.