En la carrera de crear rellenos sanitarios regionales, hace más de 20 años la Alcaldía de Armero – Guayabal, la Administración municipal de la época con el respaldo del Concejo, tramitó una propuesta que tenía como fin la construcción, operación, administración y mantenimiento integral del relleno sanitario regional Parque Industrial Santo Domingo.

En este lugar se tenía proyectado recibir los residuos sólidos de Armero - Guayabal, Casabianca, Falan, Lérida, Líbano, Mariquita, Palocabildo y Villahermosa. 

La iniciativa de disposición final de residuos, se iba a desarrollar en 20 hectáreas del predio Las Palmas. Según la resolución 3281 del primero de diciembre de 2009, emitida por Cortolima, y mediante la cual se otorgó la licencia ambiental a la Alcaldía, 12 hectáreas se iban a dedicar a la preservación ambiental y las ocho restantes al relleno.

Las obras incluían construcción de vías, adecuación de celdas para la disposición de basuras, construcción de lagunas de tratamiento de lixiviados, báscula, oficinas, entre otros.

Sin embargo, dicho sector hace parte de la cuenca del río Sabandija, subcuenca de la quebrada Santo Domingo y posee diferentes drenajes naturales, asimismo, existe una concentración de aguas de escorrentía superficial, lo que para expertos demuestra que es una zona de recarga hídrica continua. 

Debido a ello, la propuesta fue cuestionada fuertemente por los habitantes y diferentes sectores sociales de la región, pues con la creación de este botadero, se iba a generar un significativo daño ambiental.

Ante dicho valor ecológico, las comunidades emprendieron una lucha en defensa del medio ambiente, su persistencia  generó que por más de una década se librara un proceso jurídico a través de dos Acciones Populares que llegaron al Consejo de Estado.

Demandas que se instauraron en contra del Ministerio de Vivienda, Fonade hoy ENterritorio, entidad que aportó recursos, Cortolima, la Alcaldía, la Empresa Regional de Aseo del Norte del Tolima Parque Santo Domingo, Eranortol, e Interaseo. 

Lo que falló el Consejo de Estado

Luego de una larga espera, en marzo de este año se conoció que fueron amparados los derechos colectivos reclamados por el ciudadano Ismael Ñustes, que para este caso son el goce a un ambiente sano, a la salubridad pública y acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad y a la defensa del patrimonio.

Por ello, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, suspendió la resolución N° 3281 de 2009 por medio del cual Cortolima concedió la licencia ambiental. 

Asimismo, quedan congeladas las obras de construcción y se ordena en el término de seis meses, a la Alcaldía de Armero – Guayabal como titular de la licencia, hacer un estudio “de los impactos que hasta el momento han generado las obras desarrolladas sobre los cuerpos de agua y el ecosistema situado en el lote Las Palmas y, con fundamento en los resultados de la investigación, presentar un plan de cierre y restauración de ese ecosistema ante Cortolima, el cual será aprobado por esa autoridad”.

El fallo que es respuesta a un recurso de reposición, va más allá, ya que imparte actividades específicas que deben ser adelantadas por la CAR, la Empresa Regional de Aseo del Norte del Tolima Parque Santo Domingo, la empresa Interaseo del Sur S.A. y la Administración municipal.

Se les pide crear una mesa técnica por seis meses para, “determinar qué componentes de la infraestructura construida se encuentra en buenas condiciones y pueden ser utilizados en otros proyectos del municipio y adoptar decisiones sobre su destinación”.

Además, se le ordena a Cortolima actualizar el plan de ordenación y manejo de la cuenca que atraviesa en el predio Las Palmas, “incluyendo acuíferos acuitardos y acuicerres interrelacionados con la misma”, tarea que se deberá adelantar en un plazo de seis meses.

Después de esto, la Alcaldía de Armero – Guayabal deberá entrar a modificar el orden territorial, con el fin de hacer los ajustes de acuerdo a las nuevas determinantes ambientales. Igualmente, se le solicita “formular o modificar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Pgirs”, si no se ha hecho en plazo también, de seis meses.

El documento deberá incluir alternativas de posibles lugares de disposición final de residuos.

De la misma forma, el Consejo de Estado le ordena al comité de conciliación del Ministerio de Ambiente y Vivienda, Cortolima, la Empresa Regional de Aseo del Norte del Tolima Parque Santo Domingo, Interaseo del Sur S.A. a la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial, ENterritorio, y a la Alcaldía, formular en un plazo de tres meses y adoptar “una política específica cada institución, en la que estudien distintas estrategias administrativas o técnicas tendientes a evitar este tipo de daño antijurídico”.

Ardua lucha ambiental

El desacuerdo y preocupación por los riesgos ambientales que traía consigo la propuesta, terminó uniendo a los habitantes de Armero – Guayabal y dando vida al Comité Ambiental Municipal hacia el 2010. En diálogo con integrantes de esta organización, narraron que la primera tarea fue socializar con la ciudadanía, la decisión que había tomado la Alcaldía hacia 2006 con el respaldo del Concejo.

Con el paso del tiempo, el Comité encontró el apoyo de la Universidad del Tolima y de la de Ibagué, quienes además de brindar orientación en temas técnicos, fueron coadyuvantes en la Acción Popular de Ismael Ñustes.

Durante todo el proceso, el Comité Ambiental de Armero – Guayabal contó también con el respaldo de varios abogados que les brindaron asesoría, igualmente, se adelantaron diferentes actividades con el fin de recolectar recursos para los gastos propios del proceso jurídico, que fue adelantado por la abogada Ana Zenaida Castro, quien entregó su ayuda desinteresadamente.

Ahora los sentimientos son diversos, pues aunque la comunidad celebra el fallo, también surgen varias preocupaciones. “Si usted mira el fallo, tiene unos compromisos, unas exigencias y hoy por hoy, han pasado más de tres meses, hay muchos requerimientos  para que el Alcalde, el Ministerio y Cortolima ya hubieran cumplido (…).

“Hay muchísimas cosas que ordena el Consejo de Estado a tres y a seis meses, en este momento no vemos una sola esperanza de cumplimiento de lo más mínimo, no sé en qué están pensando, no sé (si) piensan jugar con un fallo, pero hasta el momento no veo una sola acción”, precisó un integrante del Comité y agregó que ahora los esfuerzos se centran en hacer que se cumplimiento el fallo.

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