Hace más de cinco años, las comunidades indígenas de Ortega iniciaron una minga de reclamación a la petrolera Hocol S.A., pues aseguran que la explotación de crudo que inició décadas atrás, deja hasta el momento pasivos ambientales y una marcada deuda social.

Ante la falta de respuestas, tanto por parte de la empresa como del Estado, los reclamantes recurrieron al control territorial, una intervención que tienen permitida por ley y con la que buscaron hacer mayor vigilancia, en un resguardo ancestral. 

Sin embargo, voceros de las comunidades denunciaron que su autonomía no fue respetada por la empresa, ni desde la ley ordinaria, tanto así que tuvieron que recurrir a una acción de tutela para defender sus derechos.

Reclamos sin respuestas

Miguel Ángel Ducuara Yate, autoridad de la comunidad indígena Kiloka Playa Verde, contó que son cerca de 70 años de explotación de crudo, que deja serios problemas de contaminación y aunque fueron denunciados a través de los años, nada sucedió.

Además recordó que cuando se hizo la transición de Ecopetrol a Hocol, los indígenas Pijao iniciaron una minga para reclamar el cumplimiento de obligaciones, pues así como se traspasó la operación, también, se les entregó los pendientes.  

“Las industrias como tal, tienen una responsabilidad, pero el gobierno de turno o la nación, también son responsables, aquí (se) tiene que articular, tanto la operadora como el Estado, para dirimir este conflicto social y ambiental”, precisó.

Según algunos los miembros de las comunidades, el plan ambiental de la petrolera no estaría acorde a esta época, muestra de ello es que se mantienen las mismas fallas, por lo que una petición reiterativa es actualizarlo de acuerdo a la realidad y necesidad “de un pueblo indígena que está en exterminio físico y cultural”, comentó Ducuara Yate.

Igualmente, narró que desde 2016 se apropiaron más de la problemática y empezaron a reclamar respeto por sus derechos, pues como dice en sus palabras no se está mendigando sino exigiendo “entonces cumplen o cumplen, sino miremos qué hacemos”.

Ducuara Yate agregó que a pesar de que entiende el libre derecho a la empresa, este no puede pasar por encima de las personas, por ello, trasladaron sus reclamos y exigencias al Ministerio del Interior y sus diferentes direcciones, pero al parecer dicha cartera sigue sin dar señales.

En ese camino de derecho también buscaron respuestas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, Cortolima, entre otras instituciones, algunas respondieron y arrojaron como resultado, meses de diálogo infructíferos.

Al preguntarle a Ducuara Yate, si en esta ocasión fueron hasta los campos petroleros, respondió que no tienen que desplazarse muy lejos, pues las actividades de extracción, prácticamente están en el patio de las casas.

“Hay familias que viven a dos, cinco o 20 metros de la infraestructura petrolera, que no debería estar tan cerca. Hay estructura obsoleta, que la están dejando ahí y no la han levantado, no se ha hecho consulta previa, evaden esa responsabilidad”, precisó.

Control Territorial

Según Ducuara Yate, se dio tiempo para que el Viceministro del Interior se trasladara al territorio, pero tampoco hubo respuesta, por ello, se recurrió a emprender acciones desde las leyes indígenas.

“El control territorial, para nosotros es algo legal y legítimo, le estamos haciendo un seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, que está enmarcado en los territorios indígenas, esto implica quien entra en territorio, quien sale, identificación de la persona como tal, bajar el exceso de la velocidad, el buen trato a la comunidad indígena”, explicó.

Con este control se buscó la no repetición de problemáticas como contaminación por ruidos y olores, derivados de las operaciones en campo, asimismo, el daño en las fuentes hídricas, “no más afectación a toda nuestra espiritualidad, a nuestros mayores y a la juventud, todo está enmarcado en la ley propia en territorio”.

Y aunque constitucionalmente, las comunidades étnicas tienen autodeterminación, es decir, que deciden libremente como vivir organizativamente, políticamente, socialmente y ambientalmente, son autónomas y cuentan con su propia normatividad. Hocol al parecer no lo tuvo en cuenta, pues decidió entablar una querella en contra de 15 personas por comportamientos contrarios a la posesión, mera tenencia o servidumbre, ante la Inspección de Policía Municipal.

Los demandados pertenecen a las comunidades Bocas de Peralonso, Mesa Cucuana Santa Rita y El Vergel.

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