La Fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal le imputó a Ángel Torres los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, este último por comisión por omisión.

En el caso de Campos del Cairo, le achacó las conductas punibles de contratos sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Señaló la delegada del ente acusador, que los hecho ocurrieron en 2015 cuando fue adjudicado el contrato 087 de interventoría a la Constructora AYC S.A., cuyo representante legal es el también investigado Jesús Octavio Acosta Sánchez, que era el único que cumplía con los requisitos exorbitantes del pliego de condiciones como era la experiencia de 20 años y las sumas de áreas trabajadas a más de 30 metros cuadrados, por lo cual fue direccionado.

Por este contrato también fueron imputados Leonardo Alexánder Valero González, Orlando Arciniegas Lagos y el exalcalde Luis Hernando Rodríguez Ramírez.

Recordó la Fiscal, que el contrato se adjudicó por 646 millones 145 mil pesos, de los cuales se pagaron 504 millones a la empresa AYC S.A. Sin embargo, según el registro de costos de la empresa de 2015 y 2016, no se justificaron 164 millones de pesos, que sería el monto del peculado.

Refirió la delegada del ente acusador, que este dinero no se justificó debido a que no se contrató al personal de geotecnia, el arquitecto urbanístico y otros profesionales. Además, señaló que para acreditar la experticia de los profesionales, la empresa AYC habría falsificado seis certificados del ingeniero Melquicedet Cantor Bello, por el que ya fue imputado Acosta Sánchez.

Por su parte, Campos del Cairo era el encargado de velar porque el mismo se cumpliera y ese dinero se pagó sin cumplir con el fin. Para Ángel Torres, se señaló que era el encargado del contrato. Este último en el momento de no aceptar los cargos afirmó que no compartía lo dicho por la Fiscalía.

Unificar procesos

 Carlos Mauricio Varón, abogado de Mauricio Campos del Cairo, señaló que desde mayo solicitó a la Fiscalía General de la Nación unificar los procesos que lleva en contra de su procurado que fue el supervisor de todos los contratos en los Juegos Nacionales, para no seguir con la “ruptura procesal”.

“Es una actuación que si bien se respeta, es perjudicial tanto para la administración de justicia como para mi prohijado, atendiendo que transgrede la norma del concurso de conductas. Nosotros pretendemos es que se unifiquen todas estas actuaciones en lo que tiene que ver con Estadio, Piscinas y Parque Deportivo, para que no se haga un proceso para cada uno, sino que se lleve una única cuerda”, dijo el defensor, que busca una redención de pena de las tres quintas partes de Campos del Cairo.