Por dicha Ley se sanciona actualmente a quienes incurran en actos de racismo o discriminación por motivos de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, así como a quienes promuevan dichas actuaciones.

La demanda busca que se incluya entre los agravantes “la identidad de género” como un criterio autónomo para los efectos penales de la Ley, por considerar que el Congreso incurrió en una comisión legislativa al no incluirlo.

El caso que tendrá respuesta en el primer trimestre del 2016, cuenta con un concepto negativo de la Procuraduría General de la Nación, al defender su postura sobre la diferencia biológica entre hombre y mujer. En ese sentido, consideró que no hubo una omisión legislativa y consideró “que la ideología de género” no es un “criterio obligatorio para conferir derechos y obligaciones”.

“Por el contrario, en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad se acoge explícita y directamente la diferencia biológica sexuada entre hombres y mujeres como un parámetro normativamente relevante”, señaló la entidad.

En ese sentido, para la Procuraduría el principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en la Constitución, “además de establecer al sexo como parámetro constitucionalmente relevante, permite descartar los presupuestos de la ideología de género como un criterio de constitucionalidad según el cual la realidad sexuada y las diferencias derivadas de allí son un mero constructo social”.

Por otro lado, la Procuraduría reiteró su posición sobre la amplitud de la Ley antidiscriminación en el sentido de que la norma es ambigua y en su afán de sancionar a quienes promuevan la discriminación termina afectando la libertad de conciencia de las personas y podría incluso generar un exceso del poder sancionatorio del Estado.