El Consejo Superior de la Judicatura, confirmó en segunda instancia la suspensión del ejercicio profesional al abogado Jesús Enrique Arango, sanción, que según el portal de antecedentes disciplinarios de la Rama Judicial, inició el 8 de marzo de 2016, y finaliza el 7 de enero de 2017.

La sentencia fue confirmada por el Consejo Superior ante lo dispuesto por la seccional Tolima, al considerar que Arango infringió faltas a título de dolo en el ejercicio de la profesión durante el proceso hipotecario, Urbanización Villa Leydi.

El exconcejal y padre del excandidato a la alcaldía de Ibagué Emmanuel Arango, representó como apoderado los intereses de la Asociación Pro Defensa de la Urbanización Villa Leydi, y habría recibido como pago a sus honorarios un lote, que hacía parte del secuestre proferido por el Juzgado Primero de Ibagué en 1999.

El pleito

Myriam Mancera Rivera, denunció en octubre de 2014, una presunta falta disciplinaria por parte del abogado Enrique Arango, ya que Mancera en 1996 decidió urbanizar un terreno de su propiedad con 60 lotes, esto bajo el nombre de Villa Leydi, pero al necesitar dinero para desarrollar los respectivos trámites legales, acudió a un préstamo de $20 millones a María Lucero Serna, dinero garantizado mediante una hipoteca.

Pero Mancera no logró cubrir la deuda, y por lo tanto se adelantó un proceso de embargo y secuestro del bien en 1999, Enrique Castillo fue posesionado como el secuestre, quien entregó en depósito provisional el terreno, a la Asociación en mención, por haber comprado los derechos litigiosos, para luego conferir el poder al excabildante del Polo Democrático, bajo el propósito de representar los intereses de esa comunidad.

Según el fallo, Arango en versión libre aseguró que desde el 2000 recibió un lote por parte de la Asociación, como pago a sus honorarios mientras se hacía el remate de los bienes, terreno sobre el cual inició a nombre de su compañera permanente, un proceso de pertenencia en 2011, advirtiendo posesión de seis años del bien que ya se había construido.

La decisión

Para el Consejo Superior, se cometieron faltas como tomar la acción de pertenencia del lote, sobre el cual no se tenía derechos reales, por el contrario “el togado se aprovechó de una situación”, además promovió dos actuaciones contrarias, siendo representante de la Asociación, y a su vez inició un pleito a favor de su compañera contra los mismos bienes que hacían parte del proceso que perseguía la Asociación.

“Al encontrarse debidamente probada la responsabilidad del investigado, frente a la conducta posteriormente reprochada, además de no existir justificación del proceder del abogado, en esta instancia se confirma la providencia apelada”, reza el fallo.

Devolver el predio

El Juzgado Primero Civil de Ibagué, ordenó a 27 personas, hacer entrega del bien inmueble embargado que les habían dejado bajo custodia, al ser parte de la Asociación Pro Defensa de la Urbanización Villa Leydi, pero ya que la oposición al secuestre no prosperó, dicho bien deberá ser entregado a Myriam Mancera; orden con fecha del 18 de diciembre de 2015.

A pesar de la decisión del Juzgado, Arango expresó en la versión libre, “que la quejosa había incurrido en una estafa, pues había procedido a vender varios lotes y luego hipotecar el predio de mayor extensión, así como al vender un mismo predio a diferentes personas”.

Dora Ligia Galvis, representante de la Asociación, aseguró que fue solicitado excluir del remate las mejoras de quienes compraron de buena fe algunos lotes, la cual fue negada, sin que el abogado interpusiera recursos de ley, y que además no solo tomó el lote 14 sin la debida formalización, sino que habría intentado la toma del lote 15, por lo que se tendría una querella en su contra y material probatorio.

Según el Juzgado Primero, “el proceso se encuentra terminado por pago total de la obligación, el secuestre Enrique Castillo Cerón, debe hacer entrega ordenada a Myriam Mancera”, ahora la propietaria tendrá que decidir el futuro de la Urbanización, y si se llega o no a un acuerdo de pago con los actuales habitantes del barrio, para hacer el proceso legal de escrituración.