Ante el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se presentó una queja disciplinaria contra los 19 concejales de Ibagué por la elección de la secretaria del Concejo, siendo el denunciante Harold Ríos Tinoco, quien pidió la suspensión del cargo de los cabildantes, mientras se cumple el proceso investigativo, y ante un presunto prevaricato pidió que se compulse copias a la Fiscalía General de la Nación.

Ríos Tinoco ha hecho parte del equipo de trabajo del concejal (e) Óscar Pardo, del partido Alianza Verde, y además, también aspiró al Concejo de Mariquita por el mismo partido, es estudiante de derecho y le afirmó a EL NUEVO DÍA que:

“Aunque tengo una estrecha relación de amistad con el concejal Pardo y le he ayudado en su equipo de trabajo, él no conocía de la acción que inicié como veedor ciudadano ni que pertenezco a la Red de Veedurías la cual dirige a nivel nacional Pablo Bustos Sánchez. Esta es una acción pública de un ciudadano”.

Cabe destacar que Pablo Bustos es el veedor que visitó a Ibagué para advertir a los concejales que si aprobaban la consulta popular minera estarían incurriendo en “un eventual prevaricato y concierto para delinquir, además de un eventual tráfico de influencias y usurpación de funciones públicas”.

Ríos también dijo: “Aquí no hay que buscar responsables de esta acción, los únicos responsables son los cabildantes, ya que las normas son claras y se hicieron para cumplirlas, aquí nadie es ‘prestanombre’ de nadie, sólo soy un veedor ciudadano que cumple con su labor, aunque sé que esto le podría generar problemas al concejal Pardo y por eso renuncié al equipo de trabajo”.

Por su parte, el concejal Pardo expresó: “Los dos estamos en un colectivo que se llama Nueva Ciudadanía, de esto me enteré por el reclamo que me hizo otro concejal por teléfono, hablé con Harold me dio sus explicaciones, pero quiero aclarar que no sabía; no estoy casando peleas, cuando lo piense hacer lo hago de forma frentera, no colocando a colaboradores”.

Demanda de nulidad electoral

Harold Ríos Tinoco también interpuso una acción para la pérdida de investidura del concejal Víctor Ariza por el partido Aico, según el denunciante, porque “ejerció como empleado público de la UT, y desarrolló sus funciones en la sede central desde el 24 de agosto de 2012, hasta el 15 de abril de 2015 que renunció, es decir seis meses antes de las elecciones, y tendría que haber sido un año antes según la Ley, ya que estuvo recibiendo salarios del Estado mientras tenía pensado aspirar a la corporación pública”.

Mientras tanto Ariza indicó: “No me han notificado de ninguna denuncia, pero me han comentado que hay una supuesta demanda instaurada por una persona que ha trabajando con el concejal Pardo, alguien que he visto limpiándole el puesto y cargándole la maleta, pero no lo conozco en lo más mínimo; sí me sorprende la actitud del concejal Pardo, porque uno no tiene a una persona que no sea de su entera confianza, de pronto es un favor que le están haciendo a Orlando Rodríguez, quien me sigue en la lista, porque le he visto su carro fuera de la oficina”.