aseguró que la Administración departamental no tenía facultades para intervenir en la ejecución de las obras.

Delgado Peñón mediante una carta en respuesta a una editorial de EL NUEVO DÍA, aseguró que las entidades territoriales cuentan con autonomía. “Esta autonomía permite que el desarrollo de actividades propias de los municipios no pueda ser objeto de intervención por parte de los departamentos, incluso ni siquiera las entidades de orden nacional. La vigilancia de las actividades de los municipios y departamentos, se ejerce en cabeza de los respectivos órganos de control”, indicó.

Sin embargo, cabe resaltar que el informe de la Contraloría General hace referencia a los presuntos detrimentos económicos causados a los convenios interadministrativos de carácter tripartito, por lo tanto varios de los hallazgos fiscales fueron trasladados a la Contraloría del Tolima, por ser su competencia, ya que eran recursos del departamento; además la Gobernación también tuvo supervisión de los contratos, tal como lo afirma el exgobernador:

“En mi condición de Gobernador y a través de la resolución 017 de 2015, designé como supervisor provisional del departamento, al director de Infraestructura, el ingeniero, Carlos Humberto Collazos Roncancio, quien a su vez integró un equipo de profesionales con el exclusivo propósito de realizar control, seguimiento, emisión de conceptos y constancias desde el punto de vista técnico a las diferentes obras de los escenarios deportivos”.

Pero el exgobernador también dijo que se emitieron innumerables oficios, en cerca de mil folios, dirigidos a contratistas, autoridades y órganos de control. Uno de estos que menciona Delgado es el informe de entrega de los convenios realizados para los Juegos Nacionales, donde se afirma que las sugerencias y observaciones hechas por el Departamento fueron consignadas en las actas del comité, haciendo seguimiento y visitas periódicas a las obras y emitiendo oficios, informando el estado del proyecto “para realizar el respectivo desembolso, como para una correcta y responsable supervisión”.

A pesar de los presuntos hallazgos en los cinco municipios subsedes del Tolima, que estarían por el orden de los $3 mil 459 millones, en dicho infome se indica que “a diferencia de los otros municipios, la Alcaldía de Ibagué y el Imdri, no entregaban la documentación requerida”.