El presidente del Concejo, Carlos Andrés Castro, calificó como “triste” que una intención ciudadana “tan oportuna y necesaria por salvaguardar los recursos naturales sea vea atacada una vez más”.

Contrario a lo que indica la Dirección General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que aseguró que el acuerdo “viola el statu quo”, el cabildante afirmó que el acuerdo está amparado en la Ley y la Constitución.

“Allí en el acuerdo no hay interpretaciones individuales. Hay una exposición de motivos basados en el marco legal. El Tribunal Administrativo que ojalá comparta ese sentimiento de preservar los recursos naturales y más cuando el acuerdo está debidamente soportado”, indicó Castro.

Jaime Andrés Tocora, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, señaló que el Gobernador actuó por presiones del Gobierno nacional y consideró que se trata de una decisión “lamentable” para la región.

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“Él (Barreto) actuó más en garantizar el derecho particular de esas empresas y seguir con un modelo que no corresponde a la realidad, pasando por encima de procesos sociales con los que hemos venido luchando”, indicó Tocora.

Agregó que es un intento por dilatar el proceso y destacó que “existe una autonomía territorial y los concejales actuaron en función del marco de la constitución, en el que ellos tienen unas funciones específicas y entre ellas reglamentar actividades en defensa del patrimonio ecológico y cultural”.

Municipio no ha sido notificado

Gloria Esperanza Millán, jefe de la Oficina Jurídica, indicó que el Municipio aún no conoce el documento que trasladó la Administración departamental al Tribunal Administrativo del Tolima para que lo someta a control de legalidad.

“El Tribunal todavía no nos ha notificado el contenido del documento. Una vez seamos informados, habrá un pronunciamiento”, dijo la funcionaria.