Unas 33 familias del resguardo indígena San Antonio de Calarma, asentadas en el predio Las Delicias La Holanda de San Antonio, iban a ser desalojadas el pasado 14 de octubre, pero un error procesal, relacionado con la posterior reubicación de las personas, obligó a suspender la diligencia. Sin embargo, el proceso y la zozobra continúan.

No es la primera vez que ocurre. En los últimos años se han ejecutado por lo menos ocho intentos de desalojo por orden judicial, siendo uno de los más tensos el del 9 de agosto de 2017, cuando miembros del Esmad, luego de que las partes no llegaran a un acuerdo, dispersaron la guardia indígena con gas lacrimógeno. Ese día hubo enfrentamientos.

La Sociedad Hoyos y Compañía Ltda., propietaria del predio, ha buscado que cerca de 130 personas abandonen definitivamente las casi 300 hectáreas, recuperadas por la comunidad indígena desde 2001 a través de producción agropecuaria luego de que el Estado las expropiara porque eran utilizadas para el cultivo ilícito de amapola y marihuana.

Por ahora, las familias van a permanecer en el predio, pues en el proceso de desalojo la Alcaldía no demostró que los miembros de la población, especialmente niños y adultos mayores, iban a ser trasladados a un alojamiento digno, como lo señalan los protocolos de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, existe el agravante de la pandemia.

Ha sido un proceso complejo, pero en algún momento se llegó a vislumbrar una salida acordada. La representante de los propietarios planteó a la comunidad ofrecer el predio a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que la comprara. La propuesta iba supeditada a dos condiciones: una, que los indígenas le dieran $40 millones para ponerse al día en los impuestos y hacer gestiones ante el Gobierno nacional, y dos, que el abogado Iván Ramírez diera un paso al costado como defensor jurídico de la comunidad.

La oferta se hizo, pero finalmente la ANT no mostró intención de compra porque, al revisar la documentación, halló problemas con los títulos. Dado que no prosperó una negociación, los propietarios reactivaron en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal la orden de desalojo y la respectiva diligencia judicial.

Hace un mes y medio, el abogado Ramírez asumió de nuevo la representación jurídica de la comunidad y, según explicó, acudirá a una instancia nacional para demostrar que son poseedores legítimos de los terrenos, los cuales, en un 40% o más, están destinados a la conservación del bosque autóctono de la región y la protección de los ojos de agua.

“Uno de los argumentos que voy a esgrimir para oponerme al desalojo, una vez se normalice la administración judicial, es que hubo concertación entre ella y la comunidad indígena: le entregaron unos dineros que aprovechó para la gestión del predio e independientemente de que exista compra o no por parte de la ANT, se acordó que no los iba a desalojar. No es problema de la comunidad que títulos tengan inconvenientes con algunos propietarios anteriores”, explicó el abogado.

Ramírez, quien ha defendido a comunidades indígenas desde hace 20 años, afirmó que las familias del resguardo se convirtieron en poseedores legítimos a través de la prescripción adquisitiva, figura que señala que una persona o comunidad toman dominio de un inmueble siempre que hayan ocupado o ejercido explotación económica más de diez años si no tiene título o más de cinco sí lo tiene.

Recuerda supuesta irregularidad

Ramírez explicó que, en 2014, unos comuneros del resguardo junto a otras personas externas lograron constituir y reconocer ante la Alcaldía un cabildo ilegítimo, muy diferente al elegido dentro de la asamblea de la comunidad. Según dijo, este cabildo suplantó al legalmente constituido y ejerció funciones durante varios meses.

Como parte del presunto fraude, el cabildo impostor revocó el poder del abogado que representaba al cabildo legítimo dentro de un proceso de pertenencia ante el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral, haciéndolo desistir de este. Solo después lograron que les fueran restituidas las facultades legales.

Por estos hechos, las autoridades indígenas denunciaron al alcalde de entonces, Luis Fernando Rincón, el Secretario de Gobierno y los posesionados en ese cabildo por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir, entre otros. Según el abogado Ramírez, la investigación está engavetada.