Sectores opositores de esta medida han buscado la forma de tumbar esta decisión.

Se han impulsado dos referendos, uno por la exconcejal cristiana del partido Liberal y miembro de la Misión Carismática Internacional, Sara Castellanos, llamado, “Referendo por la Vida”.

Y el otro por la bancada del congreso y sectores de la iglesia católica denominado, “Referendo Provida”.

Ambos buscan revocar a través del voto lo sentenciado por la corte y el derecho adquirido de las mujeres a la libre decisión sobre sus cuerpos y convertirlo de nuevo en un delito.

Entre tanto, la revista Semana informó sobre la demanda interpuesta por el concejal de Bogotá, Marco Acosta, que señala la nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado, por la reglamentación del aborto en Colombia.

Esto se derivó, de lo dicho Resolución 051 de 2023, anunciado por la ministra de Salud, Carolina Corcho el 12 de enero, que busca regularizar lo expresado por la corte.

“Adoptar la regulación única para la atención integral en salud frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en las condiciones previstas por la Corte Constitucional en las Sentencias C-355 de 2006, SU-096 de 2018 y C-055 de 2022 modificar el numeral 4.2 del Lineamiento Técnico y Operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal”

Según lo expresado por la demanda, el congreso es “el único competente para reglamentar el aborto a dicho permanente y consistentemente un categórico NO a la despenalización del aborto, y negándose a convertir esta cruel práctica en un método de planificación como lo ha querido hacer la Corte Constitucional”.

Un año del fallo histórico

El aborto se regularizó por primera vez en Colombia a través de la sentencia C-355 de 2008, que permitía la Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, bajo condiciones expresas: producto de una violación o en menores de 14 años; que el embarazo constituya un peligro para la vida o salud de la madre y que la vida del feto no fuera posible fuera del útero. 

Una gesta de las mujeres agrupadas bajo la campaña de ‘Causa Justa’ que iniciaron en un proceso legal para sacar el aborto del código penal.

Durante más de una década pelearon a través de instancias legales para lograr este fallo.

La Corte Constitucional determinó el 21 de febrero del 2022, que el aborto debía ser eliminado del código penal y que el sistema de salud debía reorganizarse para dar el servicio de aborto voluntario en Colombia en la sentencia C-055.

Además, instó al gobierno nacional y al congreso a crear una política pública para regular la sentencia, a través de mecanismos que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Ana Cristina González Vélez, pionera del movimiento Causa Justa y cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, señaló que, “Seguiremos insistiendo hasta que deje de usarse este delito que es injusto, ineficaz y contraproducente”.

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