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Problemas por linderos o acceso al agua, riñas, inseguridad, constantes hurtos y hasta intimidaciones, fueron expuestas por algunos ciudadanos que participaron en un espacio de diálogo convocado por la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República (CGR). Aunque varias entidades del orden nacional y de Fresno fueron convocadas, estas brillaron por su ausencia.
El encuentro tenía como fin brindar acompañamiento en temas relacionados con el fortalecimiento de la paz en el marco del posconflicto en el norte del departamento, igualmente, hacer una revisión a las situaciones de riesgo que se estarían registrando en Fresno y zonas cercanas.
Teniendo en cuenta los temas que se buscaban abordar, se invitó a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, Procuraduría, la Comisión Regional de Moralización, también, al alcalde, personero y Concejo de Fresno, asimismo, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidades que no enviaron delegados.
Del grupo de instituciones convocadas hizo presencia la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación del Tolima.
Sin ser escuchados
En este espacio algunos ciudadanos y veedores dejaron a un lado los temores que los acompañan diariamente, para exponer ante la delegada de la Contraloría para temas de Participación Ciudadana, varios conflictos que están ocurriendo en poblaciones como Fresno, Armero–Guayabal y Falan.
En medio de los testimonios, el denominador común fue que las denuncias no son recibidas oportunamente y aunque las víctimas buscan alternativas para hacer escuchar su voz, generalmente se encuentran con distintas barreras que les impide poner en conocimiento de manera formal sus casos ante las autoridades.
Entre las narraciones provenientes de Fresno estuvo la de un habitante de la vereda California que tendría una aguda problemática con una familia por linderos, según veedurías a esta preocupación se le suma una especie de ping pong, que hay entre autoridades como la Inspección de Policía y la Fiscalía al momento de interponer la denuncia.
A pesar de las dificultades el ciudadano logró instaurar formalmente el caso ante el ente investigador, sin embargo, hasta la fecha no se ha movido. En medio de las circunstancias, el hombre manifestó sentir temor por lo que le pueda suceder a él y a quienes lo respaldan como testigos de los hechos denunciados.
Desde la veeduría Ciudadana para Fresno y la Red de Derechos Humanos del Tolima, se exaltó el compromiso de la Contraloría Colegiada por propiciar y articular el espacio, igualmente, se resaltó la asistencia de la Dirección de Derechos Humanos de la Administración seccional, de la misma forma se expresó un sinsabor por la ausencia de las instituciones invitadas y porque no enviaron comunicación a modo de explicación.
“Eso nos deja una sensación de preocupación, de molestia, porque es la vida de nosotros, los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio y vemos como la institucionalidad en nuestro departamento, no le quiere prestar atención al tema”, dijo el veedor ciudadano, Absalon Arias.
En lo que respecta a los obstáculos que en ocasiones encuentran los habitantes a la hora de interponer una demanda, comentó que se evidencia un desinterés de las autoridades para dar respuesta o brindar una atención oportuna, incluso hay ocasiones en que la primera barrera son los vigilantes que se encuentran al ingreso de las instituciones.
“Con todo el respeto por ese gremio, no sabemos si un querido compañero vigilante tiene la capacidad de darnos la información de la entidad como la Fiscalía y en el caso de las inspecciones de policía hemos visto que (los casos no atendidos a tiempo) han terminado en problemas de riñas personales, hasta de asesinatos por la ineficiencia de estas autoridades municipales en atender los requerimientos de las comunidades”.
La mala atención que sería frecuente, coloca al ciudadano en una especie de ping pong, pues en el afán de encontrar ayuda, debe tocar varias puertas que generalmente no se abren, motivo por el cual se cae en un desistimiento y a la final la denuncia no se logra interponer. Por ello, se hizo una llamado a la Fiscalía para que participe en este tipo de espacios promovidos por la comunidad y respaldado por la CGR.
Defensa de linderos que genera riesgos
El caso más neurálgico es el de linderos en la vereda California de Fresno, allí se estaría lidiando con la intimidación que ejerce la familia Isaza, en palabras de la veeduría, “a todos los que tienen linderos con ellos, les ponen problemas. Aquí frente a lo que pasa puntualmente en la vereda California un S.O.S. a la Defensoría, la Procuraduría, la Policía Nacional y a la Fiscalía General, que ya tiene un radicado que le correspondió a la Fiscalía 76 Unidad de Intervenciones Tempranas”.
Aunque ya pasó un año desde que se instauró formalmente la denuncia nada ha sucedido, por lo que se teme por la vida del hombre que cansado de las presiones se atrevió a acudir a las autoridades.
Otro caso álgido expuesto ante la CGR y los delegados del Gobierno departamental, involucraría al exalcalde y abogado de Fresno, Alberto Gómez Loaiza por temas de predios, según el testimonio existe una persecución en contra del denunciante por lo que teme por su vida, igualmente, por la de los veedores que lo vienen acompañando desde hace algunos años.
Además en el marco de este caso, se denunció penalmente a un topógrafo de la Unidad de Restitución de Tierras del Tolima que recurrió a la Defensoría del Pueblo para que se le asignara un abogado, a pesar de que contaría con los recursos para contratar uno por su cuenta.
“Uno no entiende, como la Defensoría del Pueblo muchas veces le niega a una persona un amparo de pobreza para que lo acompañe un abogado y un señor que es profesional y recibe sueldo del Estado, en las audiencias públicas del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué en donde está ese proceso, el señor aparece con defensores públicos”.
Desde la Veeduría Ciudadana para Fresno y la Red de Derechos Humanos del Tolima, se manifestó que en este caso se teme a las represalias que puede tomar el exmandatario.
Recientes acontecimientos
A la reunión también asistió el concejal de Armero–Guayabal, José Yesid Fernández, quien expresó que era lamentable que junto a habitantes de Fresno y San Antonio, hicieran un esfuerzo para asistir con el fin de tener un contacto directo con la institucionalidad, pero lamentablemente no se dio.
Recordó que en su municipio se han visto varias señales que traerían consigo la mala herencia de los grupos al margen de la ley, por ejemplo, hace aproximadamente año y medio aparecieron grafitis con las letras AGC que se relacionan a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en diferentes lugares del casco urbano.
En la reunión se recordó el episodio ocurrido hace un año exactamente y fue el hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa en el corregimiento de San Felipe, en esa época las primeras hipótesis manejadas por Policía Departamental era que el hecho estaba relacionado con una posible retaliación entre grupos dedicados al tráfico de estupefacientes.
Asimismo, el cabildante expresó una vez más su preocupación por lo expuesto en la Alerta Temprana 02/23 de la Defensoría del Pueblo y el riesgo en que están niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ante las bandas delincuenciales y el consumo o tráfico de estupefacientes.
Y frente a la ausencia de las entidades convocadas opinó que quedó un sinsabor pues esperaba contar con un diálogo directo con la Fiscalía y la Defensoría, esta última “hace una alerta sobre Armero–Guayabal y no conozco la cara particularmente de un funcionario de la Defensoría en el municipio, estos espacios son importantes, pero deben también replicarse en la región, obviamente, en los municipios que están en esta alerta, precisamente para que se evidencie desde la institucionalidad que también les importa lo que pasa con los armeritas–guayabalences y con toda la zona norte del Tolima”.
De una gota de agua a temer por su integridad
El acceso al agua y el hecho de reclamar un servicio óptimo, tiene en una grave situación de seguridad a una mujer que vive en jurisdicción de Falan. Según explicó por la ubicación geográfica de la vereda, cerca al río Cuamo, su cotidianidad y dinámica económica es en Armero-Guayabal, en donde es conocida como una lideresa social.
Relató que desde el 2013 viene teniendo inconvenientes con unos “hombres” que estarían vulnerando los derechos de las mujeres y atribuyéndose dominio sobre el agua en la vereda Fundadores y del acueducto Borbón.
Aunque la mujer tiene legalmente un punto de captación de agua, se le estaría exigiendo, sin explicación legítima, que se traslade a un punto más lejano.
Tras esta situación, ella recurrió a la Personería de Armero-Guayabal pero no logró ser escuchada oportunamente, tampoco que se indague en un caso en el que presuntamente un grupo de hombres tendría intimidada a la comunidad.
Y aunque se generó la oportunidad de hacer una reunión el fin de semana del 25 de marzo en la escuela de la vereda Fundadores, para hablar de lo que se está viviendo alrededor del acueducto, terminó en un problema mayor para la mujer.
Según contó frente a la delegada de Participación Ciudadana de la CGR, días previos al encuentro, algunos conocidos le recomendaron no ir, pues su integridad estaría en riesgo, por ello, intentó buscar protección por parte de las autoridades de Armero-Guayabal, pero su petición fue ignorada.
A pesar de esta situación, la mujer llegó a la escuela acompañada de su esposo y un trabajador, pero la presencia de ellos no evitó que tres hombres la atacaran, la tumbaran al suelo y la patearan en diferentes partes de su cuerpo, aunque pidió ayuda a los asistentes, nadie intervino.
Los golpes le generaron afectación en un ojo y el cuello. A pesar de las evidencias, sus denuncias no fueron recibidas por ninguna autoridad de Armero-Guayabal, por ello, procedió a hacerlo en Ibagué, igualmente, por recomendación de la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación llevará el caso a la Secretaría de la Mujer.
¿La mala herencia del paramilitarismo en el norte?
En medio del diálogo se mencionó que el conflicto fue más visibilizado en los municipios del sur con la presencia de las entonces Farc, mientras que en el caso del norte en donde los flagelos fueron cometidos por grupos paramilitares, estos prácticamente quedaron invisibles. Además de artículos de prensa se cuenta con publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre ellas, el libro ‘Isaza, el clan paramilitar las autodefensas campesinas del Magdalena Medio’.
El informe publicado en 2020, aborda el accionar paramilitar de ‘Los Escopeteros’ de Ramón Isaza desde 1977 en Antioquia hasta la expansión en seis frentes en la época del 2000 que actuaron en el Magdalena Medio Antioqueño, el oriente de Antioquia y Caldas, Medellín, norte del Tolima y el occidente de Cundinamarca. Asimismo, se aborda la desmovilización de estos grupos al margen de la ley en 2006 y su reconfiguración después de 2012 que se caracterizó “por una línea de mando de composición familiar”, se explica.
Para algunos habitantes, lo que se vive hoy en el norte son rezagos de ese paramilitarismo que se desarrolló entre 1998 y 2005, el cual trajo consigo un silencio entre las comunidades surgido del temor. Por estos hechos del pasado, algunos ciudadanos y veedores consideran que lo que ocurre en la actualidad no se puede atribuir por completo a delincuencia común, como lo explican las autoridades.
Una de esas historias que generó zozobra recientemente fue una serie de hurtos continuos en zona rural de Falan, de acuerdo a los testimonios hubo tres asaltos en fincas, al parecer, los delincuentes amarraron a las personas que encontraron en el lugar y en uno de los casos envenenaron a los perros que cuidaban el predio.
En relación a esta ola de inseguridad, vale la pena recordar que la Junta de Acción Comunal, JAC, de la vereda Hoyo Negro de esta población convocó a la alcaldesa Lucero Castaño, al secretario del Interior del Departamento, al Ejército nacional, la Inspectora de Policía, el Comando de Policía, al Personero y a la Comisaria de Familia a un consejo de seguridad el 25 de marzo, sin embargo, según conoció EL NUEVO DÍA, la única institución que hizo presencia fue el Ejército.
La idea de los habitantes era abordar diferentes situaciones “que han perturbado la tranquilidad de la vereda”, y se relacionan con varios hechos entre ellos uno ocurrido en diciembre del año anterior en donde un grupo de seis individuos ingresaron a una propiedad e intimidaron a quienes estaban allí y les hurtaron varias de sus pertenencias, se describe en un oficio conocido por este medio.
Asimismo, se relaciona que en febrero asaltaron la vivienda de una familia, estuvieron en riesgo dos menores de edad, además las personas fueron amarradas y asaltadas. Al parecer los delincuentes indicaron en el momento del atraco, que supuestamente estaban buscando armas.
A ello se le suma atracos en vía pública, robo de producción agrícola, de la misma manera, la preocupación por el presunto consumo de psicoactivos entre menores de edad, al igual que, la posible distribución de sustancias en este territorio. En la reunión a la que no asistieron las autoridades también se buscaba exponer las problemáticas de veredas como Mondeco, La Patilla, La Ínsula y San Diego.
En esta línea de consejos de seguridad, también se cuenta el adelantado el viernes 3 de marzo encabezado por la mandataria Castaño, en dicha jornada participaron representantes de la Fuerza Pública, también la Personería, Inspección de Policía, Comisaría de Familia y Secretaría de Gobierno local.
El tema principal fueron las problemáticas de seguridad que estaban afectando el municipio. Según publicación de la Alcaldía entre las medidas que se iban a adoptar estaba hacer recorridos constantes, por parte de la Policía, en la vía San Felipe–Falan y unidades del Ejército harían patrullajes en veredas y se mantendrían uniformados en San Felipe.
Por la defensa del territorio
En esta jornada hubo espacio para mencionar otro tipo de problemáticas como las relacionadas con el medio ambiente. El concejal José Yesid Fernández indicó que en los últimos años se ha notado que en municipios como Casabianca, Villahermosa, Fresno, Palocabildo, Falan, Mariquita y Armero–Guayabal hay una serie de títulos mineros que reflejan el ambicioso interés de exploración y explotación de oro,
“Vemos como pequeñas empresas entran a hacer todos los procesos para obtener esos títulos mineros, están haciendo exploración y después de eso, cuando ya les den tal vez la licencia ambiental, pasan a hacer la explotación”.
Fernández agregó que a simple vista se ven intervenciones a pequeña escala en diferentes puntos de estos municipios, “con el fin de que no se vea que es una megaminería o una minería a gran escala, sino una pequeña.
“Es algo que estamos evidenciando y poniendo en conocimiento, porque si estamos hablando de derechos humanos, uno de los derechos fundamentales que tenemos, es el derecho al agua y a un ambiente sano”.
Justamente, el seguimiento y las alertas que emiten grupos, organizaciones y colectivos ciudadanos, termina generando señalamientos, hecho que es visto como un riesgo para los defensores de los recursos naturales.
Se genera “una enemistad por parte de alguna comunidad que cree que uno está atentando contra el trabajo de ellos, cuando la verdad lo que se está haciendo es defendiendo la vocación propia del norte del Tolima, que es netamente agraria y ganadera”, concluyó.
Dato
El 7 de marzo ‘rotó’ virtualmente en el norte del Tolima un panfleto en el que se le decía a los habitantes de Fresno que no podían estar después de la 10 p.m. en las calles, este mensaje se le atribuyó a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin embargo, tras hacer las indagaciones respectivas las autoridades indicaron que era falso. En ese momento el Secretario del Interior del Tolima, precisó que este grupo no tiene presencia en la región.
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