Cuando la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, habla de la situación de las cárceles, aunque es inevitable que mencione cifras de hacinamiento, jueces de ejecución de penas requeridos y presupuestos para la construcción de nuevos centros de reclusión, no puede dejar de insistir en la situación por la que atraviesan centenares de seres humanos que padecen por el hacinamiento y la falta de posibilidades de resocialización. 

Y es que solo 16 de las 142 cárceles del país a cargo del Inpec (seis construidas durante el gobierno de Andrés Pastrana y 10 que se hicieron durante el mandato de Álvaro Uribe) cumplen con los estándares internacionales para la reclusión de internos. Es más, hay algunas que tendrían hasta 400 años de antigüedad. De ahí que las ampliaciones que se tienen planeadas para este año solo se harán en los penales de última generación. 

Por eso, no duda al advertir que el Gobierno pondrá en cintura a los municipios para que cumplan la ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) que los obliga a tener cárceles para quienes están en detención preventiva. Así se evitaría el hacinamiento en los 142 centros que están a cargo del Inpec y en los cuales solo deberían estar las personas condenadas o sindicadas de alta peligrosidad. 

Pero ¿cómo hacer que cumplan la ley que han evadido durante tantos años? La respuesta según la ministra Correa es simple: el nuevo proyecto de Código Penitenciario y Carcelario busca darle dientes al Ejecutivo para que proyecto de presupuesto municipal que no incluya recursos para el sostenimiento de los internos no se apruebe.

- ¿Por qué los municipios no acatan la ley 65?

Porque los municipios a la hora de repartir el presupuesto tienen otras necesidades que priorizar como educación, y salud. (...)Se supone que el detenido preventivo no va a estar mucho tiempo y no requiere espacios de resocialización como los condenados. Pero los municipios no han acatado las norma y en la actualidad todo el que se le detiene va a una cárcel del Inpec.

En el proyecto (de Código Penitenciario y Carcelario) se está recordando la obligación de los municipios y se les dice que no se aprobará presupuesto que no tenga las partidas suficientes para tener estos centros de reclusión. No es una obligación impagable porque son 39.000 detenidos preventivos y hay 1.100 municipios, eso daría unos 30 por municipio. También se abre la posibilidad a que se asocien para cumplir con la obligación.

- ¿Con las cárceles municipales se abriría la posibilidad a que sean infiltradas por bacrim porque en ellas estarían sus miembros?

El riesgo es mínimo porque la ley 65 dice que las cárceles de los municipios deben ser para detenidos preventivamente no peligrosos. (...) El general Ricaurte (Gustavo), director del Inpec, dice que las cárceles se han lumpenizado, en ellas hay personas que fueron capturadas por tener una papeleta de bazuco de más.

- ¿Se hizo un inventario sobre cuántos cupos estarían disponibles en las cárceles municipales?

En las cárceles municipales hay 2.800 cupos en total, no estoy diciendo que estén disponibles. En Bogotá está la Cárcel Distrital, que funciona perfecto. Es para 1.000 personas y ahora tiene unas 400. Hemos estado bregando con el alcalde (Gustavo Petro ) para que reciba más gente pero los alcaldes creen que la obligación es de la Nación.

- ¿Qué está pasando con el Inpec?

Se hizo la escisión entre vigilancia y servicios de alimentación, salud. En 2011 se expidieron decretos en los que se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios con el fin de contratar estos servicios. (...) En el proyecto de Código penitenciario y Carcelario se está planteando la creación de una escuela penitenciaria, con nivel universitario, para capacitar a una guardia especializada en el tema y tratar de atacar el problema de corrupción. Inscribimos tanto al Inpec tanto como a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en el programa piloto del Estatuto Anticorrupción que está manejando la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Por eso todas las noticias que vienen saliendo. Estamos haciendo todos los esfuerzos para combatir la corrupción.

- La Distrital, un ejemplo, usted anunció la construcción de seis megacárceles a través de Alianzas Público Privadas ¿Cómo sería el esquema?

El particular financia, construye y opera el sistema carcelario. Se encargaría de la alimentación, aseo, colchones, camas, todo lo que se necesita para que la gente esté bien. En esa línea se está trabajando con la contratación que va muy adelante; es un proceso delicado. En julio se haría la preselección. Los privados no participarían en vigilancia, pero en el contrato se señala que de ser necesario se podrá recurrir a los servicios de vigilancia privada. Es posible que se necesiten más guardianes en grandes cárceles y se muevan los de las pequeñas. A estas cárceles pequeñas se podría llevar personal de vigilancia privada. Pero eso se tendría que hacer paulatinamente.

- ¿El uso de la tecnología está dando buenos resultados en el control de cárceles?

Tenemos unas 25 cárceles monitoreadas. Hay una experiencia muy importante con la Cárcel Distritital de Bogotá, que está diseñada para que funcione casi sin personal humano. Todo es electrónico, las puertas se cierran automáticamente, todo está monitoreado. (...) Las nuevas cárceles que se tienen planteadas están con todos estos mecanismos para que en un tiempo haya menos necesidad de personal humano y por lo menos de contacto entre el guardián y el recluso.

- ¿El nuevo código penitenciario cambiará la realidad de las cárceles?

El cambio que estamos proponiendo no es liberar personas para deshacinar, estamos buscando un cambio estructural. Por eso el estatuto prevé beneficios tributarios para las empresas que se vinculen con la resocialización; vinculación del sector privado en la construcción de las nuevas megacárceles. Yo vengo del sector judicial, sé cómo funciona y por eso cuando llegué arranqué con el programa convenios con las universidades, meter judicantes a las cárceles, actualizar las fichas biográficas y que se incluyan en el Sisipec (Sistema del Inpec), hacer peticiones ante jueces; eso ha funcionado. Se pasó al Consejo Superior de la Judicatura una lista de petición de 87 jueces de ejecución de penas y dónde podemos ubicarlos.

- Cuántas personas podrían salir por pena cumplida o recibir beneficios?

Hay unas 8.000 peticiones pendientes de resolver en el país. Ahora se da una situación absurda con relación al pago de multas como parte de la sentencia porque hay algunas que una persona normal no podría pagar en su vida. Cuando va a pedir el beneficio de libertad se la niegan porque no pagó. Al Estado le cuesta más dejarlo en prisión mientras paga toda su condena que cobrar la multa. El nuevo código busca que se elimine el cobro de multas como requisito para salir por pena cumplida y que se pueda establecer un plan de pagos.