A pesar de la importancia que tienen para las comunidades y del rol que podrían desempeñar en un escenario de posconflicto, los defensores de derechos humanos desarrollan su labor en precarias condiciones y sin protección del Estado.

En su más reciente informe titulado ‘Los nadies’, el Programa Somos Defensores, ONG que monitorea la situación de estos activistas, denuncia que las agresiones pasaron de 194 en el primer semestre de 2014, a 399 en el actual, que equivalen a un aumento del 105%.

Durante los pasados seis meses del año, 332 defensores fueron amenazados, 34 fueron asesinados, 25 recibieron atentados, cuatro fueron detenidos de forma arbitraria, otros tres fueron víctimas de uso arbitrario del sistema penal y se registró un caso de hurto de información.

Estas cifras revelan que en promedio, entre enero y junio de 2015, cada día fueron agredidos dos líderes sociales y cada cinco días uno fue asesinado. Lo peor de todo esto, es que estos hechos quedaron impunes.

Hay puntos de contexto

Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, explica que el inusitado aumento de agresiones radica en dos puntos coyunturales: las negociones de paz y la falta de voluntad política de la Fiscalía para investigar estos crímenes.

Sobre el primer punto, señala que “el nivel de amenazas por el tema de la paz es bastante amplio, porque los activistas son los que están impulsándolo en las regiones y se ven enfrentados a intereses de todo tipo que no quieren la paz”.

Y argumenta que las “amenazas masivas” por medio de panfletos se dispararon en septiembre del año pasado, cuando se empezó a consolidar el proceso de paz y varias víctimas viajaron a Cuba.

Con respecto al papel de la Fiscalía, el informe concluye que “existe una decidida falta de voluntad política y administrativa para dar con los responsables de las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia”.

Y trae a luz ejemplos como la falta de resultados por las amenazas en contra de más de 800 defensores de derechos que han cometido las ‘Águilas Negras’, ‘Los Rastrojos’ y las Autodefensas Gaitanistas en los últimos cinco años; o la impunidad por los asesinatos de 219 defensores ocurridos entre 2009 y 2013, puesto que “el 95% de estos casos nunca pasó de la etapa de investigación preliminar hecha por la Fiscalía y tan solo un caso contaba con una sentencia en firme contra los asesinos”.

Así mismo, Guevara considera que la Fiscalía se convirtió “en uno de los principales auspiciadores de la violencia contra defensores, porque no investiga y la impunidad incentiva a los agresores a seguir haciéndolo”.

La falta de resultados ha hecho, en su concepto, que las víctimas pierdan la confianza en la institución y que en algunos casos no denuncien las agresiones. Un líder afrodescendiente de Cauca, que pidió divulgación con reserva de su identidad, contó a VerdadAbierta.com que hace tres meses los consejos comunitarios del norte recibieron un panfleto amenazante por reclamar tierras, y prefirieron acudir a la Defensoría del Pueblo.

Sobre los 34 homicidios de defensores de derechos humanos en los primeros meses del año, llama la atención que 13 de las víctimas habían denunciado amenazas previamente, que la mayoría (29) fue cometido con armas de fuego y que seis fueron hechos con torturas. Los departamentos con más líderes asesinados son Antioquia y Cauca, con cinco; seguidos por Cundinmarca, Bolívar, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca, con dos.